Fuente de la noticia: Sindicato UGT
El pasado 10 de Septiembre se aprobó el Real Decreto 893/2024 por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.
Para UGT Servicios Públicos Madrid, aunque valoramos positivamente un avance en la protección de las empleadas de hogar, la inclusión del Servicio de ayuda a Domicilio (SAD) en este RD es un evidente retroceso para las Auxiliares de Ayuda a Domicilio que prestan cuidados profesionalizados, al ser incluidas en la regulación del colectivo de empleadas domésticas por el simple hecho de cuidar en los domicilios, su ámbito laboral y profesional es muy distinto.
Es a nuestro parecer, bastante preocupante que el gobierno de España confunda ámbitos profesionales totalmente distintos incluyéndolos en la misma normativa, en el que muestra un claro desconocimiento del sector de los cuidados.
La Ayuda a Domicilio es una de las diferentes prestaciones junto a Teleasistencia, Centros de Día y Servicios residenciales que ofrece la Ley de Dependencia. Se presta desde empresas especializadas en este servicio, unas de carácter totalmente privado y otras a través de las administraciones públicas que gestionan el servicio mediante contratos con empresas privadas adjudicadas a través de concursos públicos (licitaciones) y en las que contamos con representación sindical y Convenio Colectivo.
Es importante destacar que este sector lleva años revindicando un cambio en la Ley de contratos (Ley de desindexación), que impide la revisión de los precios estipulados en los contratos de servicios públicos que gestionan empresas de forma indirecta. La imposibilidad de revisión de precios cuando se produce una modificación al alza de los costes laborales, limita y empeora las condiciones laborales.
El pasado 10 de Septiembre se aprobó el Real Decreto 893/2024 por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.
Para UGT Servicios Públicos Madrid, aunque valoramos positivamente un avance en la protección de las empleadas de hogar, la inclusión del Servicio de ayuda a Domicilio (SAD) en este RD es un evidente retroceso para las Auxiliares de Ayuda a Domicilio que prestan cuidados profesionalizados, al ser incluidas en la regulación del colectivo de empleadas domésticas por el simple hecho de cuidar en los domicilios, su ámbito laboral y profesional es muy distinto.
Es a nuestro parecer, bastante preocupante que el gobierno de España confunda ámbitos profesionales totalmente distintos incluyéndolos en la misma normativa, en el que muestra un claro desconocimiento del sector de los cuidados.
La Ayuda a Domicilio es una de las diferentes prestaciones junto a Teleasistencia, Centros de Día y Servicios residenciales que ofrece la Ley de Dependencia. Se presta desde empresas especializadas en este servicio, unas de carácter totalmente privado y otras a través de las administraciones públicas que gestionan el servicio mediante contratos con empresas privadas adjudicadas a través de concursos públicos (licitaciones) y en las que contamos con representación sindical y Convenio Colectivo.
Es importante destacar que este sector lleva años revindicando un cambio en la Ley de contratos (Ley de desindexación), que impide la revisión de los precios estipulados en los contratos de servicios públicos que gestionan empresas de forma indirecta. La imposibilidad de revisión de precios cuando se produce una modificación al alza de los costes laborales, limita y empeora las condiciones laborales.