Ante esta evidencia, CCOO insiste, en la mesa de diálogo social que está abordando la reforma normativa en seguridad y salud en el trabajo, en la necesidad tanto de legislar sobre la exposición a riesgos psicosociales como de modificar el cuadro de enfermedades profesionales, incorporando los daños a la salud mental para que todos los trastornos mentales provocados por el trabajo sean considerados enfermedad profesional.
La salud mental se ha convertido en un problema de primer orden en Salud Pública. Según los datos recogidos en el Informe del SNS 2023 del Ministerio de Sanidad, algo más de un tercio de la población padece algún problema en salud mental, con cifras superiores en grupos de edad por encima de los 50 años (40%) y en mayores de 80 años (50%).
Los trastornos de ansiedad pueden afectar a un 10% de la población –algo menos en trastornos del sueño y casi la mitad en trastornos depresivos– con un claro incremento de todos los procesos desde el año 2016, y con un aumento del consumo de ansiolíticos, sedantes, hipnóticos y antidepresivos de forma progresiva a nivel de población general. Son problemas que pueden perjudicar a todas las edades, con una duración media-larga, y que conllevan una importante prevalencia. Este tipo de enfermedades provocan un alto impacto en la sociedad, en recursos asistenciales, repercusión laboral, desempleo...
Además, en el Día Mundial de la Salud Mental, CCOO quiere recordar que el trabajo y las condiciones en que este se desarrolla influyen directamente en la salud mental de las personas trabajadoras. Habitualmente las aproximaciones tienden a atribuir los problemas de salud laboral a factores de personalidad, estilos de vida, sucesos de la vida o las responsabilidades familiares de las personas trabajadoras, poniendo el foco en la persona o su entorno y no en las condiciones de trabajo y las prácticas empresariales.
Sin embargo, existen robustas evidencias de que entre las causas sociales de los trastornos de salud mental está la exposición a los riesgos laborales psicosociales en el trabajo, que se definen como aquellos riesgos derivados de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, y muy ligadas a un modelo de gestión empresarial que basa su rentabilidad fundamentalmente en la intensificación del trabajo, y que, además, muestra importantes desigualdades en función de la clase ocupacional o el género. Es decir, se trata de riesgos que son evitables o modificables, cambiando las deficiencias organizativas que los originan.
Estos aspectos forman parte esencial de la mesa de diálogo social que actualmente está abordando la reforma normativa en seguridad y salud en el trabajo y a la que hemos llevado dos temas imprescindibles, por un lado la necesidad de legislar de manera particular sobre la exposición a los riesgos psicosociales, y abordarlo, como en el resto de riesgos laborales bajo la premisa de hacer prevención en origen, y en segundo lugar la modificación urgente del RD 1299/2006 referido al cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social para, entre otras modificaciones, incorporar los daños a la salud mental en el cuadro, para que todos los trastornos mentales provocados por el trabajo sean considerados como enfermedad profesional.
El número registrado de forma provisional en el INE para el año 2023 fue de casi 4.000 suicidios, aproximadamente dos tercios de ellos fueron varones. Si tomamos las cifras a nivel mundial, el suicidio se considera como la segunda causa más frecuente de muerte entre los jóvenes.
A nivel de recursos humanos y según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría, España cuenta 12 psiquiatras por cada 100.000 habitantes (9,27 ejercen en el Sistema Público de Salud), la media en la OCDE es 18/100.000h. Además se añade el problema de que el 20% de los facultativos tienen más de 60 años, y, por tanto, cerca de una previsible edad de jubilación.
En cuanto a los psicólogos colegiados en el área de la clínica asistencial eran unos 39.000 en el año 2023 (datos INE), un 12% especialistas en psicología clínica y el 88% psicólogos generales, en total hacen un 0,8 por 1.000 h, cifras que nos sitúan muy por debajo de la media europea.
Debemos tomar decisiones y estrategias de acción de forma inmediata ante un problema de salud pública de esta magnitud. CCOO propone:
Fuente de la noticia: Sindicato CCOO
La salud mental se ha convertido en un problema de primer orden en Salud Pública. Según los datos recogidos en el Informe del SNS 2023 del Ministerio de Sanidad, algo más de un tercio de la población padece algún problema en salud mental, con cifras superiores en grupos de edad por encima de los 50 años (40%) y en mayores de 80 años (50%).
Los trastornos de ansiedad pueden afectar a un 10% de la población –algo menos en trastornos del sueño y casi la mitad en trastornos depresivos– con un claro incremento de todos los procesos desde el año 2016, y con un aumento del consumo de ansiolíticos, sedantes, hipnóticos y antidepresivos de forma progresiva a nivel de población general. Son problemas que pueden perjudicar a todas las edades, con una duración media-larga, y que conllevan una importante prevalencia. Este tipo de enfermedades provocan un alto impacto en la sociedad, en recursos asistenciales, repercusión laboral, desempleo...
Además, en el Día Mundial de la Salud Mental, CCOO quiere recordar que el trabajo y las condiciones en que este se desarrolla influyen directamente en la salud mental de las personas trabajadoras. Habitualmente las aproximaciones tienden a atribuir los problemas de salud laboral a factores de personalidad, estilos de vida, sucesos de la vida o las responsabilidades familiares de las personas trabajadoras, poniendo el foco en la persona o su entorno y no en las condiciones de trabajo y las prácticas empresariales.
Sin embargo, existen robustas evidencias de que entre las causas sociales de los trastornos de salud mental está la exposición a los riesgos laborales psicosociales en el trabajo, que se definen como aquellos riesgos derivados de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, y muy ligadas a un modelo de gestión empresarial que basa su rentabilidad fundamentalmente en la intensificación del trabajo, y que, además, muestra importantes desigualdades en función de la clase ocupacional o el género. Es decir, se trata de riesgos que son evitables o modificables, cambiando las deficiencias organizativas que los originan.
Estos aspectos forman parte esencial de la mesa de diálogo social que actualmente está abordando la reforma normativa en seguridad y salud en el trabajo y a la que hemos llevado dos temas imprescindibles, por un lado la necesidad de legislar de manera particular sobre la exposición a los riesgos psicosociales, y abordarlo, como en el resto de riesgos laborales bajo la premisa de hacer prevención en origen, y en segundo lugar la modificación urgente del RD 1299/2006 referido al cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social para, entre otras modificaciones, incorporar los daños a la salud mental en el cuadro, para que todos los trastornos mentales provocados por el trabajo sean considerados como enfermedad profesional.
El número registrado de forma provisional en el INE para el año 2023 fue de casi 4.000 suicidios, aproximadamente dos tercios de ellos fueron varones. Si tomamos las cifras a nivel mundial, el suicidio se considera como la segunda causa más frecuente de muerte entre los jóvenes.
A nivel de recursos humanos y según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría, España cuenta 12 psiquiatras por cada 100.000 habitantes (9,27 ejercen en el Sistema Público de Salud), la media en la OCDE es 18/100.000h. Además se añade el problema de que el 20% de los facultativos tienen más de 60 años, y, por tanto, cerca de una previsible edad de jubilación.
En cuanto a los psicólogos colegiados en el área de la clínica asistencial eran unos 39.000 en el año 2023 (datos INE), un 12% especialistas en psicología clínica y el 88% psicólogos generales, en total hacen un 0,8 por 1.000 h, cifras que nos sitúan muy por debajo de la media europea.
Debemos tomar decisiones y estrategias de acción de forma inmediata ante un problema de salud pública de esta magnitud. CCOO propone:
- Implementar de forma inmediata las estrategias del plan acción de salud mental del Ministerio de Sanidad.
- Actuar en la prevención de la enfermedad mental en todos los grupos de edad, con intervenciones en infanto-juvenil, adolescentes, adultos y personas mayores. Con acciones transversales: educativas, laborales, de ocio, soledad no deseada….
- Se necesita aumentar el número de profesionales que se dedican a la atención de la salud mental asistencial y preventiva: psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermería de salud mental, trabajadores sociales…. Con la intención de, al menos, llegar a las cifras medias de la OCDE. Para ello se requiere conocer con exactitud el número de profesionales que trabajan en el área de salud mental de los servicios públicos en cada segmento profesional.
- Aumentar la financiación en salud mental con carácter finalista, hacia una mejora que nos acerque a la media de los presupuestos utilizados en los países de la OCDE.
- Potenciar la actuación de la Atención Primaria como nivel asistencial, de promoción y promoción de la salud, con recursos profesionales específicos (psicólogo/as, enfermería especializada….) integrado en AP. Se requiere un aumento de los presupuestos finalistas para la Atención Primaria.
- Acciones y programas específicos en: poblaciones vulnerables, en adicciones (no solo a sustancias), a soledad no deseada y especialmente a la prevención del suicidio.
Fuente de la noticia: Sindicato CCOO