El Gabinete Económico Confederal de CCOO ha elaborado un informe que pone de manifiesto que España arrastra cuatro décadas fallidas de política de vivienda desde el punto de vista de garantizar este derecho ciudadano, pero muy exitosas para el negocio inmobiliario, financiero y constructor a costa de la necesidad de vivienda de la población.
De 1980 a 2023 se han construido 2,7 millones de de viviendas protegidas en España, el 23% de todas las viviendas construidas en el período y se han gastado de forma poco eficaz 200.000 millones de euros (de 2023) que hubieran permitido edificar dos millones de viviendas públicas de alquiler. La mayor parte de este gasto corresponde a desgravaciones fiscales en el IRPF, donde solo en la deducción fiscal por inversión en vivienda se han gastado 162.000 millones de euros en estos cuarenta años.
Así pues, con el mismo volumen de esfuerzo público realizado durante el periodo democrático, España podría tener hoy un parque de vivienda asequible de cerca de cinco millones de viviendas (propiedad/alquiler).
Por otra parte, en las últimas décadas, el esfuerzo económico necesario para acceder a la vivienda ha aumentado, afectando especialmente a los hogares con ingresos por debajo de la media. Los trabajadores y trabajadoras, las familias, tienen que dedicar en promedio 6,1 salarios anuales íntegros a la compra de una vivienda de 90 m2, mientras que en 1985 eran 3,1 y en los años noventa menos de 5. El esfuerzo al pago de una hipoteca también se ha incrementado. Entre 1986 y 2000 representaba el 25% y en 2023 alcanzó el 34%.
El precio de venta ha crecido mucho más que los salarios, lo que limita fuertemente la accesibilidad a la vivienda. Los datos sugieren que la promoción y construcción de nuevas viviendas ha reorientado a segmentos de mercado de mayor rentabilidad y precio. El alquiler libre privado se consolida como la única alternativa para gran parte de la población sin vivienda en propiedad. La proporción de hogares en régimen de alquiler ha pasado del 13% en 2005 a casi el 19% en 2023, con una incidencia muy superior entre los hogares de menos de 45 años de edad.
El estudio de CCOO demuestra, entre otras muchas cosas, un dato sumamente curioso: cuanta más vivienda de precio libre se ha construido en nuestro país, mayor ha sido el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda. Eso es lo que ocurría en el año 2007, inmediatamente antes del estallido de la burbuja y en plena fiebre constructora, cuando el esfuerzo hipotecario para las familias era del 47% -actualmente, es del 34%- y se tenían que dedicar íntegramente 10 salarios anuales medios a la compra de la vivienda.
Revertir esta situación y crear un parque permanente de vivienda asequible en alquiler requerirá tiempo y recursos, tanto públicos como privados. No obstante, políticas que movilicen vivienda vacía y turística hacia el alquiler podrían incrementar el parque de alquiler en un 66% en las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes, ganando tiempo mientras se avanza hacia una solución estructural.
De 1980 a 2023 se han construido 2,7 millones de de viviendas protegidas en España, el 23% de todas las viviendas construidas en el período y se han gastado de forma poco eficaz 200.000 millones de euros (de 2023) que hubieran permitido edificar dos millones de viviendas públicas de alquiler. La mayor parte de este gasto corresponde a desgravaciones fiscales en el IRPF, donde solo en la deducción fiscal por inversión en vivienda se han gastado 162.000 millones de euros en estos cuarenta años.
Así pues, con el mismo volumen de esfuerzo público realizado durante el periodo democrático, España podría tener hoy un parque de vivienda asequible de cerca de cinco millones de viviendas (propiedad/alquiler).
Por otra parte, en las últimas décadas, el esfuerzo económico necesario para acceder a la vivienda ha aumentado, afectando especialmente a los hogares con ingresos por debajo de la media. Los trabajadores y trabajadoras, las familias, tienen que dedicar en promedio 6,1 salarios anuales íntegros a la compra de una vivienda de 90 m2, mientras que en 1985 eran 3,1 y en los años noventa menos de 5. El esfuerzo al pago de una hipoteca también se ha incrementado. Entre 1986 y 2000 representaba el 25% y en 2023 alcanzó el 34%.
El precio de venta ha crecido mucho más que los salarios, lo que limita fuertemente la accesibilidad a la vivienda. Los datos sugieren que la promoción y construcción de nuevas viviendas ha reorientado a segmentos de mercado de mayor rentabilidad y precio. El alquiler libre privado se consolida como la única alternativa para gran parte de la población sin vivienda en propiedad. La proporción de hogares en régimen de alquiler ha pasado del 13% en 2005 a casi el 19% en 2023, con una incidencia muy superior entre los hogares de menos de 45 años de edad.
El estudio de CCOO demuestra, entre otras muchas cosas, un dato sumamente curioso: cuanta más vivienda de precio libre se ha construido en nuestro país, mayor ha sido el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda. Eso es lo que ocurría en el año 2007, inmediatamente antes del estallido de la burbuja y en plena fiebre constructora, cuando el esfuerzo hipotecario para las familias era del 47% -actualmente, es del 34%- y se tenían que dedicar íntegramente 10 salarios anuales medios a la compra de la vivienda.
Revertir esta situación y crear un parque permanente de vivienda asequible en alquiler requerirá tiempo y recursos, tanto públicos como privados. No obstante, políticas que movilicen vivienda vacía y turística hacia el alquiler podrían incrementar el parque de alquiler en un 66% en las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes, ganando tiempo mientras se avanza hacia una solución estructural.