España necesita dos millones de viviendas públicas, sociales o asequibles. Para paliar el problema de acceso a este derecho de amplias capas de sociedad, además de la desigualdad que provoca, CCOO suma otra propuesta de carácter complementario más de las ya conocidas y recogidas en la Iniciativa Sindical por la Vivienda o en la propuesta para limitar el incremento de costes para deudores hipotecarios: la promoción estatal de un Fondo de Inversión en Vivienda Asequible (FIVA) que financie la generación de 50.000 viviendas asequibles anuales en régimen de alquiler con rentabilidades topadas para disminuir el precio del alquiler en, al menos, un 30%.
La situación actual dibuja un panorama desolador, según el secretario general de CCOO, Unai Sordo: "Hacen falta 6,1 años de salario bruto de una persona trabajadora para poder pagar una vivienda y el esfuerzo hipotecario real para pagar una hipoteca, a 20 años e interés variable, supone el 34%. Es decir, supone un enorme drenaje medio de la renta de la clase trabajadora que tiene mucho que ver con la extensión de la pobreza laboral”. En su opinión, la dimensión del problema es de alcance constitucional: "Hay que dar cumplida respuesta al artículo 47 de la Constitución Española”.
No se trata sólo de proporcionar el acceso a la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad, se trata de garantizar el acceso a la vivienda y hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Son los poderes públicos los que deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho: "La Constitución Española tiene más de dos artículos, aunque a veces cueste hacerlo entender”, explicó el secretario general.
Del gran titular emergen inmediatamente dos primeros interrogantes ¿Quién y cómo se financiaría el fondo con unos 6.250 millones de euros anuales? Actores comprometidos con la gestión a largo plazo de vivienda asequible permanente canalizarían los ahorros de las familias que no reciben retribución o la reciben muy baja y que, articulados en un producto de ahorro con una remuneración superior para ser dedicados a la promoción de vivienda asequible, recibirían una remuneración adecuada. "Tenemos un nivel de retribución del ahorro a la vista, inferior a la de los países de nuestro entorno. El volumen que tenemos en el sistema financiero por cuenta corriente en España alcanza el billón de euros (50.000 millones de ellos solo de ahorros acumulados durante la pandemia, según el Banco de España) y su retribución es claramente mejorable. Por eso proponemos la creación de una libreta de ahorro remunerada, alineada con el modelo francés de la Livret A, cuyo saldo acumulado permite financiar políticas públicas”, según el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo.
Además, la financiación llegaría también mediante inversores institucionales con vocación de inversión de impacto social, que pueden contribuir a esta función social, con retornos razonables, alineados con la remuneración de los bonos del estado a 10 años y que gozarían de garantía pública. ¿Qué otros fondos podrían alimentar esta herramienta? "Fondos de pensiones de empleo, mutualidades de previsión social empresarial, fondos de vocación filantrópica que han suscrito los principios de inversión responsable de Naciones Unidas y que se comercializan en todo el conjunto del sistema financiero internacional”, matizó Bravo. Además, no podemos olvidar la canalización directa de fondos públicos, bien europeos, bien nacionales, dentro de programas de actuación ya anunciados desde la Comisión Europea y el Gobierno de España.
¿Pero cómo es ese modelo francés, principal inspirador de este plan? La idea se inspira en las políticas de vivienda más exitosas de la Unión Europea, en general. En el caso de la Livret A francesa, capta los ahorros de las familias a través de una cuenta corriente u otras acciones como la emisión de bonos a más largo plazo, la captación de inversión institucional o de fondos públicos, y se canalizaría hacia la capitalización de entidades de gestión de vivienda asequible permanente.
¿Qué organizaciones públicas, sin ánimo de lucro o con lucro limitado podrían recibir los fondos para promover o adquirir viviendas? En este caso, el fondo que propone el sindicato seguiría el modelo austriaco que regula que el precio de alquiler de estas viviendas se establezca sin exceder de los costes de construir/adquirir, financiar o gestionar las viviendas.
Estas 50.000 viviendas anuales, que en caso de ser de nueva construcción se harían sobre suelos cedidos por el Ministerio de Vivienda u otras administraciones, podrían tener alquileres asequibles (7 a 11 euros/m2 mensuales) fijados con un sistema de determinación de precios basado en el coste, que permitirían a estas entidades y al FIVA ser viables y abaratar de forma sustancial -al menos en un 30%- el precio de la vivienda que pueden suministrar. Así, todas las promociones financiadas de este modo deben construirse sobre suelo público o privado con reserva legal para vivienda protegida y cedidos a través de fórmulas que preserven la propiedad pública del suelo: Las viviendas que se construyan o adquieran deben ser calificadas como Viviendas Protegidas Permanentes, sin que quepa la descalificación posterior de las mismas. "Se dice que España tiene capacidad para promover, para construir, pero que no puede financiar la vivienda que se necesita en el país y tiene que recurrir a inversores internacionales. Nuestra propuesta demuestra que con ahorro, capacidad de canalizarlo y de retribuirlo mejor podemos conseguir el objetivo de promoción de vivienda, con precio y márgenes mucho más baratos”, resumía Carlos Bravo.
Las claves de esta propuesta son facilitar suelo público a precio 0 y reducir los costes mediante la obtención de financiación mucho más barata, a cambio de dar seguridad plena a los ahorradores/inversores institucionales. Esto se haría proporcionando, además, garantía pública que no sería necesario ejecutar, como nos enseña la experiencia comparada europea. Y es que el nivel de impagos de quien accede a una vivienda a los precios que se pretenden, es muy inferior al que se da con los precios del mercado actual de vivienda de alquiler.
En resumen, la gestión pública del Fondo, el carácter permanente de la calificación como suelo de uso público cedido y adscrito al fin de mantener este parque de vivienda asequible más la garantía pública son, entro otras, características que hacen de esta propuesta una medida complementaria de utilidad al conjunto de políticas públicas que necesitamos para garantizar el derecho de acceso a la vivienda.
CCOO ofrecerá esta propuesta al Gobierno de España para solicitar la puesta en marcha de la regulación adecuada para conseguir este fin, además de solicitar que se movilice el suelo disponible a través del SEPE (Entidad Pública Empresarial de suelo) y se promueva y facilite la puesta a disposición de suelo por parte de otras administraciones (estatales, autonómicas o locales) para que las gestoras públicas, entidades sin ánimo de lucro o de lucro limitado puedan desarrollar la necesaria promoción de suelo.
Con todas estas actuaciones se podría conseguir recortar el tiempo necesario para promover las primeras viviendas en un plazo más corto de tiempo (entorno de 3 o 3,5 años) y poner en marcha también por esta vía, la cobertura de vivienda asequible.
Documentación asociada:
Informe_Un Fondo de Inversión Público para generar 50.000 viviendas asequibles al año
Informe_Propuesta Fondo_2024
Informe_Un Fondo de Inversión Público para generar 50.000 viviendas asequibles al año
Informe_Propuesta Fondo_2024
Fuente de la noticia: Sindicato CCOO
La situación actual dibuja un panorama desolador, según el secretario general de CCOO, Unai Sordo: "Hacen falta 6,1 años de salario bruto de una persona trabajadora para poder pagar una vivienda y el esfuerzo hipotecario real para pagar una hipoteca, a 20 años e interés variable, supone el 34%. Es decir, supone un enorme drenaje medio de la renta de la clase trabajadora que tiene mucho que ver con la extensión de la pobreza laboral”. En su opinión, la dimensión del problema es de alcance constitucional: "Hay que dar cumplida respuesta al artículo 47 de la Constitución Española”.
No se trata sólo de proporcionar el acceso a la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad, se trata de garantizar el acceso a la vivienda y hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Son los poderes públicos los que deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho: "La Constitución Española tiene más de dos artículos, aunque a veces cueste hacerlo entender”, explicó el secretario general.
Del gran titular emergen inmediatamente dos primeros interrogantes ¿Quién y cómo se financiaría el fondo con unos 6.250 millones de euros anuales? Actores comprometidos con la gestión a largo plazo de vivienda asequible permanente canalizarían los ahorros de las familias que no reciben retribución o la reciben muy baja y que, articulados en un producto de ahorro con una remuneración superior para ser dedicados a la promoción de vivienda asequible, recibirían una remuneración adecuada. "Tenemos un nivel de retribución del ahorro a la vista, inferior a la de los países de nuestro entorno. El volumen que tenemos en el sistema financiero por cuenta corriente en España alcanza el billón de euros (50.000 millones de ellos solo de ahorros acumulados durante la pandemia, según el Banco de España) y su retribución es claramente mejorable. Por eso proponemos la creación de una libreta de ahorro remunerada, alineada con el modelo francés de la Livret A, cuyo saldo acumulado permite financiar políticas públicas”, según el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo.
Además, la financiación llegaría también mediante inversores institucionales con vocación de inversión de impacto social, que pueden contribuir a esta función social, con retornos razonables, alineados con la remuneración de los bonos del estado a 10 años y que gozarían de garantía pública. ¿Qué otros fondos podrían alimentar esta herramienta? "Fondos de pensiones de empleo, mutualidades de previsión social empresarial, fondos de vocación filantrópica que han suscrito los principios de inversión responsable de Naciones Unidas y que se comercializan en todo el conjunto del sistema financiero internacional”, matizó Bravo. Además, no podemos olvidar la canalización directa de fondos públicos, bien europeos, bien nacionales, dentro de programas de actuación ya anunciados desde la Comisión Europea y el Gobierno de España.
¿Pero cómo es ese modelo francés, principal inspirador de este plan? La idea se inspira en las políticas de vivienda más exitosas de la Unión Europea, en general. En el caso de la Livret A francesa, capta los ahorros de las familias a través de una cuenta corriente u otras acciones como la emisión de bonos a más largo plazo, la captación de inversión institucional o de fondos públicos, y se canalizaría hacia la capitalización de entidades de gestión de vivienda asequible permanente.
¿Qué organizaciones públicas, sin ánimo de lucro o con lucro limitado podrían recibir los fondos para promover o adquirir viviendas? En este caso, el fondo que propone el sindicato seguiría el modelo austriaco que regula que el precio de alquiler de estas viviendas se establezca sin exceder de los costes de construir/adquirir, financiar o gestionar las viviendas.
Estas 50.000 viviendas anuales, que en caso de ser de nueva construcción se harían sobre suelos cedidos por el Ministerio de Vivienda u otras administraciones, podrían tener alquileres asequibles (7 a 11 euros/m2 mensuales) fijados con un sistema de determinación de precios basado en el coste, que permitirían a estas entidades y al FIVA ser viables y abaratar de forma sustancial -al menos en un 30%- el precio de la vivienda que pueden suministrar. Así, todas las promociones financiadas de este modo deben construirse sobre suelo público o privado con reserva legal para vivienda protegida y cedidos a través de fórmulas que preserven la propiedad pública del suelo: Las viviendas que se construyan o adquieran deben ser calificadas como Viviendas Protegidas Permanentes, sin que quepa la descalificación posterior de las mismas. "Se dice que España tiene capacidad para promover, para construir, pero que no puede financiar la vivienda que se necesita en el país y tiene que recurrir a inversores internacionales. Nuestra propuesta demuestra que con ahorro, capacidad de canalizarlo y de retribuirlo mejor podemos conseguir el objetivo de promoción de vivienda, con precio y márgenes mucho más baratos”, resumía Carlos Bravo.
Las claves de esta propuesta son facilitar suelo público a precio 0 y reducir los costes mediante la obtención de financiación mucho más barata, a cambio de dar seguridad plena a los ahorradores/inversores institucionales. Esto se haría proporcionando, además, garantía pública que no sería necesario ejecutar, como nos enseña la experiencia comparada europea. Y es que el nivel de impagos de quien accede a una vivienda a los precios que se pretenden, es muy inferior al que se da con los precios del mercado actual de vivienda de alquiler.
En resumen, la gestión pública del Fondo, el carácter permanente de la calificación como suelo de uso público cedido y adscrito al fin de mantener este parque de vivienda asequible más la garantía pública son, entro otras, características que hacen de esta propuesta una medida complementaria de utilidad al conjunto de políticas públicas que necesitamos para garantizar el derecho de acceso a la vivienda.
CCOO ofrecerá esta propuesta al Gobierno de España para solicitar la puesta en marcha de la regulación adecuada para conseguir este fin, además de solicitar que se movilice el suelo disponible a través del SEPE (Entidad Pública Empresarial de suelo) y se promueva y facilite la puesta a disposición de suelo por parte de otras administraciones (estatales, autonómicas o locales) para que las gestoras públicas, entidades sin ánimo de lucro o de lucro limitado puedan desarrollar la necesaria promoción de suelo.
Con todas estas actuaciones se podría conseguir recortar el tiempo necesario para promover las primeras viviendas en un plazo más corto de tiempo (entorno de 3 o 3,5 años) y poner en marcha también por esta vía, la cobertura de vivienda asequible.
Documentación asociada:
Informe_Un Fondo de Inversión Público para generar 50.000 viviendas asequibles al año
Informe_Propuesta Fondo_2024
Informe_Un Fondo de Inversión Público para generar 50.000 viviendas asequibles al año
Informe_Propuesta Fondo_2024
Fuente de la noticia: Sindicato CCOO