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Montero desecha la propuesta de Unidas Podemos de penar con cárcel a las eléctricas que trasladen el nuevo impuesto a sus clientes

Montero desecha la propuesta de Unidas Podemos de penar con cárcel a las eléctricas que trasladen el nuevo impuesto a sus clientes


La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, frena las intenciones de Unidas Podemos. El socio minoritario de la coalición propuso la pasada semana castigar con penas de cárcel a los directivos de las eléctricas y de los bancos que trasladen el coste del nuevo impuesto que pagarán por sus beneficios extra y con el que el Ejecutivo prevé recaudar 7.000 millones de euros durante 2023 y 2024. Sin embargo, la responsable de las cuentas públicas ha rechazado esta opción al ser inviable.

"No considero que el Código Penal sea el adecuado por el cual se tenga que penar a las empresas", ha reflexionado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Preguntada por el temor de Unidas Podemos a que, como advierte la derecha, estas empresas trasladen el impuesto a los clientes, Montero ha asegurado que ese hecho se prohibirá "por ley", sin más detalle.

Eso sí, ha insistido en el rechazo a la propuesta de los morados porque, además, la propuesta del nuevo gravamen no podría incluirse en la Proposición de Ley que prevén presentar en septiembre los dos grupos que forman la coalición, PSOE y Unidas Podemos, por temas legales. La responsable de Hacienda ha señalado que dicha proposición será "ordinaria" y que la reforma del Código Penal requeriría "de una ley orgánica".


10 años de cárcel

Con todo, la medida propuesta por UP contempla penas de hasta diez años de prisión para los directivos que incurran en esta práctica. Concretamente, la formación estipula un nuevo artículo, el 284 bis del Código Penal, que estipula un castigo de uno a cinco años de prisión y una multa de 12 a 24 meses para los administradores de grandes compañías de servicios y bienes de primera necesidad que alteren precios de venta a los clientes para trasladar la carga de modificaciones tributarias que afecten a su actividad económica.

La propuesta incluye un agravante para el caso de entidades que operen en sectores estratégicos de la economía nacional y cuando la conducta afecte "gravemente" al interés general, que eleva la pena de prisión de dos a diez años, al igual que la multa económica, que sube de dos a cinco años.



Fuente: 20 Minutos
 
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