INAP El régimen sancionador en situaciones excepcionales

El régimen sancionador en situaciones excepcionales


1. PLANTEAMIENTO

Tras casi cuarenta años de vigor de la Ley Orgánica 4/1981, de 4 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio (en adelante LOAES), en el año 2020 nos enfrentamos a la pandemia de COVID-19 sin experiencia alguna de aplicación de su régimen sancionador. Era este un régimen jurídico inédito; aplicable, pero nunca antes aplicado. Nadie había previsto muchos de los problemas –operativos y jurídicos– a los que, para afrontar la pandemia de Covid 19, se enfrentaron las autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a partir del 14 de marzo de 2020. En el terreno de la juridicidad del respaldo sancionador del confinamiento forzoso y las restantes medidas de limitación impuestas por el Real Decreto 463/2020 para reducir el contacto social, todos fuimos a tientas, tratando de combinar garantismo y eficacia con mayor o menor acierto. Hubo que pasar de lo abstracto a lo concreto en un camino incierto, por el que tuvimos que andar apresuradamente, en una situación de estrés institucional y social muy altos.

Más que descripción de todo lo ocurrido en esta materia, el presente trabajo pretende ser


2. EL ORIGEN DE LA POLíMICA. LA REGULACIíN ABIERTA DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN LA LOAES

Para luchar contra la propagación de una enfermedad infecciosa altamente contagiosa e insidiosa, cuyo impacto en el sistema nacional de salud amenazaba con provocar un colapso de la capacidad hospitalaria, la estrategia general adoptada por el Gobierno el 13 de marzo de 2020 consistió en declarar un estado de alarma de los previstos en el artículo 116 de la Constitución, cuyo desarrollo fue objeto de una de las primeras leyes constitucionales, la LOAES.

El Real Decreto que articuló el estado de alarma contenía diversas medidas de contención, que incluían una prohibición general de desplazamiento de la ciudadanía fuera de su domicilio salvo en determinados casos, previstos en el artículo 7(1). Tales medidas de contención, por estar destinadas a reducir los contactos sociales, comportaban una clara limitación de los derechos fundamentales de libertad personal (art. 17 CE), libre circulación y libre elección de residencia (arts. 19 CE) y reunión (art. 21 CE), cuya justificación no era otra que evitar la transmisión comunitaria del virus. Otras medidas de contención, como las contempladas en los artículos 10 y 11(2), afectaban a otros derechos de menor entidad constitucional, como la libertad de empresa.

Cuando las personas redactoras del Real Decreto 463/2020 se enfrentaron por vez primera(3) a la necesidad de introducir un régimen sancionador específico, que respaldase el cumplimiento de tales limitaciones mediante el uso del

El precepto, aparentemente limpio y sencillo, se limitó a reproducir casi literalmente el contenido del punto uno del artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981: “

Esta opción conservadora –que a la postre, paradójicamente, acabaría conduciendo al fracaso del sistema sancionador– nos llevó a enfocar la interpretación del régimen sancionador del estado de alarma de 2020 mediante una

La LOEAES de 1981 es una ley marcada por su contexto, su finalidad y, sobre todo, por las inercias jurídicas del franquismo. Su influjo, como ha puesto de manifiesto Bartolomé Clavero, ha sido más duradero en nuestro derecho público del período democrático de lo que estamos dispuestos a reconocer(5).

La LOAES se publicó cuando ni se había desplegado el modelo territorial constitucional, ni se había desarrollado la jurisprudencia constitucional sobre la potestad sancionadora sobre los artículos 25 y 24 de la Constitución (la primera STC que plantea la comunidad de garantías del

Estos antecedentes son relevantes para interpretar correctamente a dónde deba reconducirse la remisión hecha por el artículo 10.uno LOAES a las “leyes”, a la hora de fijar las sanciones aplicables a los incumplimientos de las normas reguladoras de un estado de alarma. Su amplia remisión legal de la determinación de las sanciones es un rasgo característico y propio del estado de alarma que lo diferencia del estado de excepción, respecto del cual el artículo 13.d) de la LOAES dispone que la solicitud de autorización de declaración de un estado de excepción que debe remitirse al Congreso de los Diputados por el Gobierno, ha de incluir obligatoriamente “

En primer lugar, lo coherente con los antecedentes de elaboración de la norma es considerar que la remisión incluye tanto a las leyes administrativas como a las penales, porque en el texto del proyecto de Ley original se mencionaban expresamente solo las leyes

En segundo lugar, para interpretar coherentemente esta remisión, es necesario considerar que la singularización de una crisis sanitaria de tipo epidémico como específica causa de adopción del estado de alarma fue una novedad sustantiva de la LOAES, (artículo 4.b) frente a la Ley Orden Público de 1959(8).

En estas crisis sanitarias, el artículo 12.uno LOAES dispone que “(...) l

Sin embargo, esta forma de interpretar la remisión –más coherente con la propia LOAES y el desarrollo postconstitucional del bloque normativo sanitario– ha sido en buena medida desplazada por una interpretación histórica “inercial”, conforme a la cual las sanciones del estado de alarma no podían ser otras que las contenidas en la normativa de seguridad pública y el Código Penal. Esta inercia interpretativa es coherente con la genealogía de la normativa de los estados excepcionales marcada por la Ley de Orden Público de 1959(9), pero incoherente con las múltiples innovaciones normativas posteriores.

Apurando la lectura del contenido de la Ley Orgánica 4/1981, podemos extraer y sistematizar en la materia sancionadora de los estados excepcionales las dos reglas siguientes:

El artículo 55 CE no contempla su suspensión en esos casos y, coherentemente con ello, la LOAES no hace ninguna salvedad al régimen

La LOAES se preocupa de salvaguardar la proporcionalidad de las medidas adoptables bajo cualquiera de las modalidades de estados excepcionales, introduciendo al efecto una cláusula de temporalidad estricta de los expedientes sancionadores que se abran durante la vigencia de tales estados. Así, conforme al artículo 1.cuarto de la LOAES, “

Dado que la finalidad última de los estados excepcionales es garantizar el restablecimiento de la normalidad, parece razonable entender que las medidas sancionadoras que puedan haberse desencadenado durante la anormalidad decaigan en su eficacia al término de la vigencia de estos estados, con la única excepción de las sanciones firmes. El precepto nos permite apreciar con claridad que, si bien las garantías constitucionales vinculadas al principio de legalidad sancionadora –como la reserva formal de Ley y la tipicidad– no resultan alteradas por una declaración de un estado excepcional, sí lo pueden hacer otros elementos no constitucionalizados, como la titularidad de la competencia sancionadora y la dinámica normal de los procedimientos sancionadores, que pueden sufrir simplificaciones para favorecer la tramitación sumaria y masiva de este tipo de procedimientos (lo que hoy se consigue mediante el sistema de tramitación simplificada de los procedimientos por infracciones leves, art. 96.4 Ley 39/2015 y el mecanismo de pronto pago, art. 85 de la Ley 39/2015).

Ahora bien, lo cierto es que el artículo 10.uno LOAES no atribuye expresamente la titularidad de la competencia sancionadora “

Por último, de una interpretación gramatical consistente deducimos que el contenido del artículo 10.uno LOAES incluye dos cosas(12): una definición de dos infracciones, y la remisión a la legalidad ordinaria de los tipos de sanción que correspondan respecto de tales infracciones. Nos centramos ahora en el primer aspecto.

Así, por un lado, tenemos una

Debe recordarse que la denominada tipificación remisiva expresa (NIETO GARCíA, 2012: 277), es decir, el fenómeno por el cual el tipo surge de la conjunción de dos normas (la que manda o prohibe, y la que establece que su incumplimiento es infracción) no es infrecuente en nuestro derecho(14). En particular, debe entenderse que el uso de esta técnica se fundamenta en una relajación del principio de legalidad que resulta funcional a la protección de los intereses generales durante la gestión de la crisis que provoca la situación de alarma, cuyo concreto alcance debe ser precisado mediante el correspondiente Real Decreto declarativo de la alarma, en función de la naturaleza de cada situación excepcional. Es lógico que sea así en un estado excepcional, en el que la defensa de los intereses públicos exige una norma tipificante suficientemente amplia y flexible, que se pueda adaptar fácilmente al contenido de los mandatos generales y particulares necesarios para garantizar el afrontamiento de la situación de crisis por parte de los poderes públicos.

Desde este punto de vista, que no es otro que el propio de la alteración del sistema de fuentes durante un estado excepcional, el canon constitucional de tipicidad material consistente en la identificación normativa de los elementos esenciales de la conducta antijurídica(15) podrá entenderse satisfecho cuando esos reales decretos – dotados de rango de Ley por la jurisprudencia constitucional contenida en la STC 83/2016– delimiten con precisión en qué consistan los mandatos y órdenes generales establecidos, cuyo incumplimiento es lo que la propia norma considera considera infracción, remitiendo a continuación la determinación de las sanciones aplicables a las leyes sectoriales en vigor que mejor se ajusten al contenido de tales infracciones.

En cualquier caso, si el contenido del injusto reside en incumplir un mandato (normativo o singular) y en resistirse a ese cumplimiento, puede deducirse que el legislador orgánico distinguió entre un injusto de tipo abstracto (el incumplimiento de la norma general, en concreto de las obligaciones establecidas en los reales decretos declarativos de los estados de alarma), y un injusto más concreto e individualizado, consistente en la resistencia al cumplimiento de esas órdenes de la autoridad competente, que estaría dotado de un plus de antijuridicidad.

En definitiva, los elementos esenciales de las conductas antijurídicas aparecen suficientemente recogidos en la LOAES, sin perjuicio de que su posterior desarrollo de rango legal o reglamentario, como ocurre con tanta frecuencia en la práctica, pueda ayudar a concretar esos elementos esenciales con mayor seguridad jurídica.


3. LOS REALES DECRETOS DECLARATIVOS DE LOS ESTADOS DE ALARMA PANDíMICA Y LA INTERPRETACIíN DE LA REMISIíN DEL RíGIMEN SANCIONADOR A LAS LEYES

Conforme a la interpretación desarrollada en el punto anterior, de la redacción del artículo 20 del Real Decreto 463 cabía entender que este artículo tipificaba dos infracciones distintas: el incumplimiento de los mandatos u órdenes establecidas por las autoridades competentes en el estado de alarma (tanto los mandatos generales del Real Decreto como las órdenes individuales de policía individuales); y la resistencia o incumplimiento activo y explícito, si así se quiere, del confinamiento forzoso. Elemento fundamental de esta interpretación es la admisión de que el Real Decreto 463 era la norma que establecía –con rango de ley– el mandato u orden general de permanencia en el domicilio habitual junto con sus excepciones, cuyo incumplimiento era la conducta que daba lugar a la comisión de una infracción(16).

La potestad de subsunción de las conductas concretas en estos tipos de infracción se le atribuye al agente de la autoridad reconocido por el propio Real Decreto 463(17). Estos resultan así investidos de dos potestades administrativas interconectadas: primero, la potestad de juzgar si el comportamiento individual incumple los requisitos del artículo 7 y, en segundo lugar, la potestad de constreñir a su cumplimiento mediante una orden verbal de policía, dirigida al sujeto infractor, cuya inobservancia hace nacer la infracción de desobediencia a la autoridad.

La lógica conjunta de ambas infracciones no es otra que la de construir una potente herramienta de protección del “

Ahora bien, al limitarse a reproducir la LOAES y omitir un desarrollo adaptado de su artículo 10.uno, el artículo 20 del Real Decreto 463 no concretó ni la norma legal a la que se remitía la determinación de los tipos de sanciones, ni la autoridad competente para tramitar los expedientes. Este puede considerarse el gran error jurídico de los sucesivos estados de alarma en materia sancionadora, dado que la disociación de los tipos infraccionales de incumplimiento y desobediencia respecto de la consecuencia sancionatoria hizo resentirse inevitablemente el principio de tipicidad, al dejar en manos de las autoridades gubernativas del estado de alarma la determinación de la pena o sanción aplicable. Algo que no parece satisfacer el contenido esencial del derecho fundamental a la legalidad punitiva (sea penal o administrativa) en su vertiente de taxatividad de la pena o sanción, que constituye una garantía indisponible para las autoridades gubernativas de un estado excepcional(18).

La naturaleza centrípeta profunda del sistema jurídico y político español acabó llevando a que las autoridades del estado de alarma interpretasen que la potestad sancionadora del estado de alarma también debía corresponderles a ellas mismas(19), y debían ser reconducidas mediante el uso de su potestad reglamentaria a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y al Código Penal, es decir, el bloque normativo de protección del principio de autoridad (policial) que se heredó del franquismo. Se acabó desechando así la posibilidad de remisión a otros grupos normativos sectoriales más ajustados a la naturaleza sanitaria de la crisis y a los propios hechos infraccionales, como podían ser las leyes de sanidad y salud pública (CANO CAMPOS, 2021: 807), de protección civil, transportes, comercio, o incluso las ordenanzas locales de convivencia. En coherencia con ello, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales dejaron de tener capacidad de calificar y tramitar estos expedientes.

Esa reconducción sancionatoria se produjo tempranamente en dos fases: mediante la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo(20), y la posterior , de 14 de abril. La reconducción tenía dos sentidos:

Frente a este criterio, sin embargo, la Consulta de 2 de abril de 2020 de la Abogacía General del Estado sobre “


4. UN BALANCE JURíDICO DE LA APLICACIíN DE LAS REGLAS SANCIONADORAS DEL PRIMER ESTADO DE ALARMA

El resultado del sistema sancionatorio explicado anteriormente fue la producción de más de un millón de boletines de denuncia. Según la respuesta parlamentaria de 13 de julio de 2020, en el momento de finalización del primer estado de alarma (20 de junio de 2020), el número de propuestas de sanción por su incumplimiento se elevaba a 1.142.127, repartidas entre los cuerpos nacionales (Policía Nacional, 286.980; Guardia Civil, 337.866) y autonómicos/locales (517.281). Se produjeron un total de 9.173 detenciones, aunque desconocemos el número total de condenas por desobediencia mediante juicios rápidos. En la respuesta parlamentaria de 29 de octubre de 2020, los datos se centran ya en sanciones efectivas, bien por resolución o por pago anticipado con bonificación, impuestas por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno durante el primer estado de alarma:

Del contraste de estos datos, pueden deducirse algunas conclusiones. Los expedientes sancionadores incoados fueron muchos, pero los terminados apenas fueron un porcentaje muy reducido, y muy desigual por provincias. La abrumadora mayor parte de esos expedientes incoados o bien no se notificaron a sus destinatarios, o bien caducaron por el transcurso del plazo de un año para resolver (artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015).

Respecto del papel revisor de la jurisdicción contenciosa, carecemos de una estadística oficial de las sanciones del primer estado de alarma recurridas ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. El informe sobre la Justicia Administrativa del CIJA (Centro de Investigación sobre Jurisdicción Administrativa) correspondiente al año 2021, no ha incluído datos agregados sobre ellos.

Las sentencias de juzgados de lo contencioso fueron respaldando muy mayoritariamente la interpretación restrictiva del artículo 36.6 LOPSC que sostenía la Abogacía General del Estado en su consulta de 2 de abril de 2020, frente al criterio finalmente adoptado por el Ministerio del Interior. De modo que las sanciones por simple incumplimiento del confinamiento en sus diversas modalidades fueron siendo anuladas por los juzgados de lo contencioso-administrativo en única instancia(24). Por su escasa cuantía, la revisión jurisdiccional de estas sanciones no ha podido llegar ni a las salas de los TSJ, ni a casación ante el Tribunal Supremo, lo que ha impedido depurar y unificar los criterios de interpretación jurídica de este aparato sancionador.

Así las cosas, la STC 148/2021, de 14 de julio, al declarar inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, por establecer unas constricciones extraordinarias a la libre circulación que no cabían dentro del ámbito de un estado de alarma, ha provocado una transmisión íntegra de nulidad a las condenas penales firmes por desobediencia y a los expedientes sancionadores tramitados o aún por tramitar del primer estado de alarma. El alcance de la nulidad se ha expresado así por el propio Tribunal:

A partir de la STC 148/2021, los juzgados de lo contencioso-administrativo han anulado las sanciones impuestas(25). Por su parte, la Administración general del Estado comenzó a archivar los procedimientos abiertos al amparo del Real Decreto 463, procediendo también a la revisión de los procedimientos penales o sancionadores firmes. El alcance de esta revisión ha sido interpretado por STS (Sala 2ª) de 9 de marzo de 2022(26). En ella se admite la casación no por motivos penales sustantivos relativos a la interpretación del tipo de desobediencia grave del 556 CP(27), sino por aplicación directa, de oficio, del fallo de la STC 148/2021: “


5. EL CAMBIO DE MODELO SANCIONADOR TRAS EL PRIMER ESTADO DE ALARMA

Antes de que decayese el primer estado de alarma –el 21 de junio de 2020–, la quinta de sus prórrogas, aprobada mediante Real Decreto 555/2020, de 5 junio, anunciaba ya un cambio regulatorio decisivo en el enfoque jurídico-administrativo de la lucha contra la pandemia.

Durante el proceso de desescalada del estado de alarma, las autoridades competentes para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada aprobado por el Consejo de Ministros pasaron a ser, “

En tal escenario normativo, que pretendía implicar a las Comunidades Autónomas en la gestión de una situación de vuelta a la normalidad, no se aclaraba si la competencia de tramitación y resolución de los eventuales expedientes sancionadores por desobediencia debía seguir retenida en las Delegaciones de Gobierno, o si eran las comunidades autónomas y las entidades locales las que pasaban a asumir tal función, en virtud de sus competencias sancionadoras. Tampoco se aclaraba si se mantenían los criterios de reconducción de las sanciones administrativas al tipo de desobediencia de la Ley Orgánica 4/2015, o si este cambio orgánico significaba también la activación de una remisión sectorial distinta, concretamente a la legislación sanitaria.

Las dudas no desaparecieron tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19(28). Esta norma dio cobertura legal a las medidas obligatorias de contención epidemiológica en ausencia de estado de alarma, esto es, en un escenario de normalidad. En su artículo 3.2 se establecía que “

Así las cosas, en otoño de 2020 se declararon dos nuevos estados de alarma. El primero fue declarado por Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, para dar respaldo a las medidas sanitarias de contención en nueve municipios madrileños (Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz), cuya autorización había denegado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras la experiencia del primer estado de alarma, en su artículo 7, dedicado al régimen sancionador, el Gobierno introdujo tres sutiles matizaciones al contenido del régimen sacionador: “

El segundo estado de alarma, ya de ámbito nacional, fue declarado mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, cuyas sucesivas prórrogas se agotaron el 9 de mayo de 2021. Se mantuvieron en este segundo estado general de alarma las limitaciones a la circulación de personas en horario nocturno (artículo 5), amén de otras limitaciones (entrada y salida en Comunidades Autónomas, de permanencia de grupos de personas en lugares públicos y privados en su artículo). El régimen sancionador se incluyó en el artículo 15 mediante una cláusula

Con lo cual, de nuevo, a pesar de la experiencia acumulada desde el 14 de marzo de 2020, el diseño de la potestad sancionadora en este segundo estado de alarma general resultó ser de nuevo insuficiente y confuso. Aunque se avanzaba en la interpretación del objeto del incumplimiento, seguía sin aclararse en qué grupo normativo (el de la Ley Orgánica 4/2015, o el de salud pública) debían buscarse los tipos de sanción correspondientes, qué autoridades eran las titulares de la potestad sancionadora, ni tampoco se aclaraba la relación de esta norma con el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que permaneció formalmente en vigor. ¿Debía entenderse sustituído el aparato sancionador del Real Decreto-ley por el Real Decreto 926/2020, conforme al efecto derogatorio de la ley posterior, o podía interpretarse que sus potestades sancionadoras eran propias y por tanto podían ser objeto de interpretación complementaria?

Un año después, la STC 183/2021, de 27 de octubre de 2021, consideró inconstitucional la atribución de la condición de autoridades competentes delegadas a las presidencias de las comunidades autónomas realizada por el Real Decreto 926/2020. Asimismo, se consideró inconstitucional y nula la duración de seis meses de la prórroga autorizada por el Congreso de los Diputados y plasmada en el Real Decreto 956/2020.

Aunque esta declaración de nulidad parcial no afectaba expresamente al artículo 15 del Real Decreto 926, el Alto Tribunal añadió que “


6. UNA TRAGEDIA DE ENREDOS JURÍDICOS QUE NO DEBE REPETIRSE

Tras dos años de efectiva aplicación del entramado sancionador dispuesto en los sucesivos estados de alarma para garantizar las medidas de contención sanitaria de la pandemia, la

Las idas y venidas de los expedientes sancionadores de los estados de alarma son un piélago jurídico-administrativo cuyo resultado final ha sido un fracaso sin paliativos de nuestro Derecho Público. No merece la pena discutir quién ha sido más responsable, si el Gobierno o los magistrados del Tribunal Constitucional. La espada sancionadora, que parecía de resplandeciente acero templado, acabó siendo de bambú, y su hoja se quebró definitivamente con las Sentencias del Tribunal Constitucional 148 (recaída sobre el primer estado de alarma) y 183/2021 (recaída sobre el segundo, declarado mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre), sin que la jurisdiccion contenciosa haya podido realizar un trabajo de depuración hermenéutica de sus fundamentos normativos. En especial, el Tribunal Supremo no ha llegado a realizar la función nomofiláctica que le es propia: algo que podría haber ayudado a consolidar un sistema sancionatorio para la siguiente situación excepcional que nos toque afrontar.

Con todo, a pesar de su fragilidad jurídica, lo sorprendente es que esa espada de bambú haya sido suficiente para mantener el cumplimiento de las medidas de contención de la pandemia en unos niveles más que razonables. Desde este punto de vista, el sistema de disuasión, vigilancia y castigo del estado de alarma en España ha sido un éxito, siquiera sea porque el cumplimiento voluntario del confinamiento ha sido generalizado, y apenas un porcentaje pequeño de la población ha tenido que ser denunciado. El hecho de haber saldado una inédita etapa de confinamientos y restricciones generales obligatorias con apenas unos miles de detenciones, unos cientos de condenas penales por desobediencia a la autoridad, y otros miles de sanciones administrativas voluntariamente abonadas para obtener el correspondiente importe reducido, podría verse como una muestra de salud cívica y talante liberal. Sin embargo, lo cierto es que, tras esta experiencia, la prevención general generada por el sistema sancionatorio aplicado durante la pandemia se ha ido deteriorando paulatinamente. La credibilidad social sobre la certidumbre del castigo administrativo ha ido disminuyendo a medida que los juzgados contenciosos anulaban sanciones por desobediencia, hasta llegar, con la STC 148/2021, al punto cero.

Este es el punto en el que estamos. El sistema sancionatorio ha funcionado materialmente, pero jurídicamente ha sido un fracaso sin paliativos. Y esto, en un mundo como el nuestro, en el que las amenazas de todo tipo de acontecimientos disruptivos se van a incrementar, es una irresponsabilidad colectiva difícilmente asumible. Por eso todas las disquisiciones jurídicas al respecto de las sanciones administrativas en un estado de alarma sanitaria tienen, en el fondo, una dimensión trágica que deberíamos ser capaces de conjurar mediante una mejor articulación jurídica del sistema, que contribuya a restaurar la capacidad de disuasión frente a los incumplimientos de futuros estados excepcionales. En este sentido, las opciones realistas de política jurídica son, a mi entender, dos:

a) Si, ante una circunstancia de crisis sanitaria, se opta por la declaración de un estado de alarma, el real decreto declarativo deberá ir más allá de la reproducción del artículo 10 uno de la LOAES, asumiendo en su articulado el desarrollo un régimen sancionatorio propio para los casos de incumplimiento y desobediencia de los mandatos establecidos, que adapte los estándares sustantivos y procedimentales fijados para la potestad sancionadora por las Leyes 39 y 40/2015 a los requerimientos específicos de cada situación excepcional(30).

b) Si, ante esa circunstancia de crisis se opta por no acudir al estado de alarma ni al estado de excepción, las administraciones deberán aplicar las potestades de policía que les hayan sido atribuídas por la legislación ordinaria (de protección civil, seguridad pública, seguridad nacional y sanitaria, fundamentalmente). Lo cual abre un escenario en el que las Comunidades Autónomas podrán utilizar sus potestades legislativas propias para adaptarse a las necesidades concurrentes en cada caso.



Fuente: La Administración al Día (INAP)
 
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