CCOO Justicia El ministro de Justicia vuelve a dejar a 55.000 personas de la Administración de Justicia sin voz en la comisión de seguimiento de la crisis sanitaria

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El ministro de Justicia vuelve a dejar a 55.000 personas de la Administración de Justicia sin voz en la comisión de seguimiento de la crisis sanitaria en Justicia

El Ministerio de Justicia de coordinación de la crisis sanitaria junto a las comunidades autónomas, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y los colegios profesionales

NUEVAMENTE EL MINISTRO DE JUSTICIA DEJA FUERA, DE LAS DECISIONES QUE NOS AFECTAN EN LA CRISIS SANITARIA EN NUESTRO ÁMBITO, AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El ministro de Justicia excluye de dicha comisión a las millas de personas trabajadoras de la Administración de Justicia, mientras que evidentemente hipócritamente «se pretende articular consensuadamente las medidas necesarias para lo referente a la actividad profesional desarrollada en la Administración de Justicia» consensuarlas el ministro, si vuelve a dejar al margen al colectivo más importante y numeroso, el personal funcionario y el personal laboral, y tomar decisiones sin ni comunicarlas a sus representantes en la reunión que ha tenido lugar hoy mismo?

Hoy, tras la representativos a primera hora de la mañana, se ha reunido el ministro de Justicia con las CCAA con competencias transferidas, con participación del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado, y han acordado lo siguiente: La nueva Comisión ha acordado poner una disposición de las autoridades sanitarias –es decir, del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias autonómicas- los servicios de los 765 médicos forenses que no están prestando servicios esenciales en la Administración de Justicia.
En el ejercicio de su función, estos profesionales desempeñarán funciones sanitarias de diagnóstico, atención primaria, monitorización o cualesquiera que sean para las capacidades capacitadas dentro del campo de la medicina.
La Comisión también pone una disposición de la situación de alerta sanitaria a los 180 facultativos, 84 técnicos especialistas de laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que pueden dar apoyo en la detección del Covid-19.
El departamento que dirige Juan Carlos Campo y las consejerías de Justicia de las comunidades competentes en esta materia, en coordinación con el CGPJ y la Fiscalía, elaborarán una norma común sobre la prevención de riesgos y medidas de seguridad para funcionarios / como judiciales en todo el territorio del Estado, aceptando así la propuesta que desde hace días le venimos exigiendo desde CCOO y que esperamos que esta vez sea realmente consensuada con la representación sindical.

En la reunión de la mañana del secretario general con los sindicatos representativos, no hay informes del acuerdo que iba a trasladar al ministro de Justicia, unas horas después, a las transferencias de CCAA, al CGPJ ya la Fiscalía General del Estado, por el que se adoptan medidas que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal de los cuerpos especiales, 765 Médicos Forenses, 180 Facultativos, 84 Técnicos Especialistas y 83 Ayudantes de Laboratorio. Lo que demuestra la opacidad, prueba y ausencia de voluntad de negociación del ministro de Justicia con las millas de personas trabajadoras de la Administración de Justicia.

CCOO defiende la solidaridad y colabora al máximo en las medidas requeridas para enfrentar esta grave crisis, pero no es de recibo que el ministro la haya tomado unilateralmente y ocultado a la representación del personal afectado con la única intención de apuntarse un tanto ante la opinión pública y ocultar así el descontrol de esta crisis que ha identificado su gestión.

Porque el ministro de Justicia ha impedido que en la comisión de seguimiento participe de los sindicatos representativos, como le había exigido CCOO y el resto de organizaciones sindicales, cuestión absolutamente imprescindible porque los más de 55,000 personas trabajadoras de la Administración de Justicia son la pieza fundamental para la prestación de los servicios esenciales.

Tener voz en la comisión de seguimiento creada hoy, porque somos esenciales en el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.
Aceptar de una vez lo que hemos reclamado insistentemente: que se garanticen los equipos de protección y la desinfección de los órganos judiciales, especialmente aquellos en los que se ha detectado que han existido casos de coronavirus, y no se nos ha hecho caso en la mayoría de ellos.
Discutir con seriedad y rigor las reclamaciones que venimos demandando y demostrando: que pueden atender los servicios esenciales y los derechos fundamentales de la ciudadanía, mediante la modalidad de disponibilidad, excepto el servicio de guardia que será presencial.
Sr. ministro: Déjese de hipocresías, y de falsas alabanzas en los medios de comunicación a los trabajadores / as, y asegure en cambio la participación del personal de la Administración de Justicia en dicha comisión, para que puedan hacer propuestas en igualdad de condiciones que El resto de los intervinientes de la Administración de Justicia.


En cambio, parece ser el ministro va a permitir cierta flexibilidad en el establecimiento de los servicios mínimos y este extremo se desprecia que hoy también ha tenido lugar una reunión en Canarias tras la reunión del ministerio con las CCAA y los acuerdos a los que han llegó son totalmente diferentes. Estos son: Se ha convenido, que desde ya, el horario laboral de permanencia en las dependencias judiciales / fiscales será de 09:00 a 14:00 horas (salvo los juzgados en servicio de guardia).
Se buscará la mayor flexibilidad en el personal de servicios mínimos, respetando en todo caso los servicios esenciales, dictándose nueva instrucción este fin de semana, que buscará el rebajar el trabajo presencial en los juzgados y la mayor disponibilidad en caso de ser necesario, sin perjuicio de seguir avanzando en esa línea que requiere medidas de mayor tiempo y además que depende también de la decisión del CGPJ, como por ejemplo, los mecanismos articulares para los juzgados de paz no están abiertos.
Mañana sábado se reunirá para establecer un protocolo de prevención de riesgos y seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia, lo que debemos llegar para su conocimiento y aplicación.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón ha comunicado a las organizaciones sindicales del sector de justicia que la dotación de algunos órganos judiciales se podrán reducir para la prestación de los servicios esenciales y la instrucción de riesgos laborales se va a consensuar con los sindicatos a nivel nacional.

Estamos a la espera del desarrollo de los acontecimientos en los días inmediatos de lo que seguiremos informando.
 
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