CCOO Justicia Denuncia de CCOO contra el Ministerio de Justicia ante la Inspección de Trabajo por incumplir gravemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

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Denuncia de CCOO contra el Ministerio de Justicia ante la Inspección de Trabajo por incumplir gravemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

CCOO DENUNCIA AL MINISTERIO DE JUSTICIA ANTE LA DIRECCIÓN ESPECIAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL POR EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Contraviniendo la Ley, las resoluciones sobre medidas preventivas las ha adoptado el ministerio sin respetar el derecho de consulta y participación del personal ni de sus representantes, sin informar de los datos de contagios y de las medidas afectadas, sin respetar las competencias de los comités de seguridad y salud y delegados / as de prevención, sin dotar de medios materiales y personales a los servicios de prevención, sin evaluar los riesgos en cada centro de trabajo antes de aprobar las medidas, sin consultar a un técnico personal en prevención de riesgos laborales, sin evaluar los riesgos del personal más vulnerable como mayores de 60 años

CCOO hemos solicitado la Inspección de Trabajo que, si estima que se ha incumplido la Ley de forma deliberada, como se ha producido nuestro juicio, se efectúa propuesta para la resolución de las autoridades administrativas así como, en su caso, penales o civiles en que se haya cometido incurrir por el reiterado y generalizado incumplimiento de las obligaciones legales en la aplicación de los artículos 7, 1, c) y 42, 1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)

Según CCOO hemos denunciado, las resoluciones que ha dictado el Ministerio de Justicia, las normas que han tenido la determinación de proteger la salud del personal en el lugar de la reactivación a toda la costa de las actuaciones judiciales no esenciales, han incumplido 24 exigencias legales recogidas en los Artículos 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37 y 39 de la LPRL:

Y todo esto de forma deliberada tras haberle CCOO grabado insistentemente a los responsables ministeriales su obligación de cumplir esta Ley, tanto en los diez escritos que hemos dirigido al ministerio como verbalmente en las reuniones que hemos mantenido por videoconferencia durante las últimas semanas.

Sin evaluación de riesgos, sin la participación de los representantes del personal y sin intervención de los servicios de prevención ni de ningún otro personal técnico en prevención de riesgos laborales el Ministerio de Justicia ha estado dictando disposiciones de compromiso obligatorio que afectan la prevención y protección de la salud laboral del personal, disponiendo, por ejemplo, en la resolución del Ministro de Justicia del día 13 de abril la modificación de más personal del necesario para la atención de los servicios esenciales establecidos en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, incumpliendo una cantidad ingente de artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo que constituye una imprudencia que tiene que poner en riesgo la salud del personal, lo que podríamos haber minimizado si se hubiera cumplido la legalidad vigente en materia de prevención.

En cuanto a las medidas preventivas la no evaluación previa de los riesgos que suponen las mismas se han adoptado con carácter general en todos los centros de trabajo sin tener en cuenta, por ejemplo, sus dimensiones físicas para la distancia de seguridad entre el personal o si el uso de mascarillas podría ser obligatorio en muchos casos ante la imposibilidad de mantener esta distancia de seguridad tanto entre el personal como los profesionales, detenidos y ciudadanía en general que deba asistir a los órganos judiciales.

A pesar de los requisitos de CCOO el Ministerio de Justicia, una vez más sin hacer una evaluación previa de los riesgos y sin que constemos ningún asesoramiento de los servicios de prevención ni de otro personal u organismo de carácter técnico, ha adoptado en la Orden JUS / 394/2020, del 8 de mayo nuevas medidas para la reactivación de la actividad judicial, anteponiendo la práctica de las actuaciones judiciales no esenciales a la salud del personal.
Evaluando el riesgo de contagio, el Gobierno de España ha tomado la decisión de llevar a cabo la desescalada de forma asimétrica en las distintas provincias o comarcas según parámetros específicos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, otra vez desoyendo los requisitos de CCOO y otra vez sin ningún informe previo ni asesoramiento técnico en materia preventiva, ha tomado la decisión de incorporar en la fase 1 más personal a los centros de trabajo de forma simultánea a desde el día 12 de mayo, independiente de que el centro de trabajo esté o no en los territorios que el gobierno ha restringido por criterios sanitarios que deben permanecer en la fase 0.

Si el riesgo de contagio por COVID-19 es más elevado para el conjunto de la ciudadanía en determinadas zonas del Estado, también lo es para el personal de la Administración de Justicia y, siendo más elevado el riesgo, no se pueden establecer las medidas preventivas de forma uniforme en uno y otro caso, debiendo mantener en estos territorios más afectados las medidas previamente establecidas hasta que puedan acceder a la fase 1, menos que en una evaluación previa de riesgos en los centros de trabajo de la Administración de Justicia de estos territorios más afectados, que no se ha llevado a cabo, habría concluido que este acceso a la fase 1 habría obtenido de forma simultánea.

Por todo ello, en esta denuncia ante la autoridad laboral, CCOO hemos solicitado:

1. Que se requiera al Ministerio de Justicia para que dejemos sin efecto la Orden JUS / 394/2020, del 8 de mayo que contenga medidas organizativas y preventivas hasta que no se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a Servicios de Prevención, Evaluación de Riesgos y participación e información de los trabajadores, Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud.

En concreto debe incluir en esta evaluación el mayor riesgo en las zonas del Estado en la que el Gobierno ha determinado la permanencia en la Fase 0, criterio que también debe respetar en la Administración de Justicia.

2. Que se requiera al Ministerio de Justicia para que facilite la Representación Legal de los Trabajadores los datos de contacto y aislamiento por COVID-19 según tenga conocimiento de los mismos.

3. Que se requiera al Ministerio de Justicia para informar a la Representación Legal de los Trabajadores de los medios materiales y personales de los Servicios de Prevención.

4. Que se requiera al Ministerio de Justicia para que expresamente disponga de la situación de vulnerabilidad del colectivo de personal mayor de 60 años.

5. Que se requiera al Ministerio de Justicia para que establezca algún sistema de vigilancia de la salud, bien mediante la realización de pruebas o mediante reconocimientos médicos, especialmente en la reincorporación al trabajo de personal previamente contactado o afectado por contacto estrecho.
 
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