Noticia Intersindical Valenciana COVID-19, EL MINISTERIO INCREMENTA LA DOTACIÓN PRESENCIAL EN LA PRORROGA DEL ESTADO DE ALARMA

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COVID-19, EL MINISTERIO INCREMENTA LA DOTACIÓN PRESENCIAL EN LA PRORROGA DEL ESTADO DE ALARMA

El Ministerio de Justicia ha aprobado una Resolución hoy 13 de abril incrementando la dotación presencial en los órganos judiciales, a pesar de la prorroga del Estado de Alarma.

Se incrementan la dotación mínima, llegando a un funcionario por Juzgado como mínimo.
Se permite la presentación de escritos y reparto a todos los Juzgados y Tribunales, aunque no corresponde a los servicios esenciales, segun la resolución «para garantizar el adecuado funcionamiento de juzgados y tribunales», el efecto ya predecimos que será el contrario, ya que supondra El colapso total.
Se tramitaran toda clase de procedimientos, aunque no se incluyan dentro de la categoría de servicios esenciales, siempre que lo específicos los medios disponibles.
Los plazos continuos suspendidos, lo que facilita una presentación de los escritos para todo tipo de procesos judiciales, un tiempo muerto, sine die.
El reparto y distribución de equipos de protección individual en todos los centros de trabajo son diseñados, así como la adaptación de los sistemas de protección de los locales y oficinas de atención al público no se han llevado a cabo en su totalidad.
El teletrabajo en la Administración de Justicia no deja deser una quimera, no se han desarrollado los sistemas, ni los programas de gestión procesal, ademas, todos conocemos los problemas que han existido con la firma electrónica, así como el rechazo que ha tenido dentro del Estamento judicial.
Desde Intersindical Justicia considera que esta decisión del Ministerio de Justicia ha sido precipitada, y considera que no es aconsejable una relajación de las medidas de confinamiento de la población, ya que el riesgo de contagio no ha descendido directamente, y parece que los datos actuales de nuevos contagios y, sobre todo, de defunciones, no sustentan esta decisión.
El Ministerio de Justicia ha cedido a presiones extenas que no son respaldadas por criterios de salud pública, poniendo en riesgo a los trabajadores y trabajadores de la Administración de Justicia, así como a los ciudadanos que no pueden asistir a los Juzgados y Tribunales.
 
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