CCOO Justicia CCOO denuncia la privatización de nuevo de la prestación de asistencia psicológica en las Oficinas de Atención a las Víctimas

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CCOO denuncia la privatización de nuevo de la prestación de asistencia psicológica en las Oficinas de Atención a las Víctimas

El Consejo de Ministros del 25 de febrero aprueba por Real Decreto la concesión directa de una subvención de 1.051.800 € para la atención especializada en las Oficinas de Atención a la Víctima.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA CONTINÚA CON SU POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓN: EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS, NUEVAMENTE, EL CONSEJO DE MINISTRO DE 25 DE FEBRERO HA APROBADO UNA CONCESIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA DE LAS VICTIMAS

CCOO exige al Ministerio de Justicia la creación urgente de 27 plazas de psicólogos de la Administración de Justicia para las Oficinas de Atención a la Víctima y su convocatoria a concurso de traslados entre el personal fijo de dicha categoría

El Consejo de Ministro el 25 de febrero, ha aprobado nuevamente por Real Decreto la concesión directa de una subvención de 1.051.800 euros para la atención especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia, con lo cual se sigue con la misma práctica, de establecer Convenios de Colaboración con el Colegio de Psicólogos, para atender a las Oficinas, a pesar de que, en varias sentencias de los Juzgados de lo Social, parámetros que estos convenios suscritos entre el Ministerio de Justicia y el Colegio General de Psicólogos, utiliza la figura de los falsos autónomos, porque en la realidad trabaja exclusivamente para la Administración de Justicia.

Algunas sentencias ya firmes, consideren a estos trabajadores / as como personal laboral indefinido y por especificar pasarán a formar parte de la Administración de Justicia y del ámbito del IV Convenio, además, está siendo condenado el Ministerio de Justicia a pagar las diferencias retributivas entre estos trabajadores y los psicólogos / as que prestan servicios con personal laboral, en el ámbito de aplicación del IV Convenio Único de la Administración General del Estado.

Estos Psicólogos / as, desde el inicio de su actividad, y de forma ininterrumpida, prestan sus servicios en las dependencias de los Juzgados de la Administración de justicia, siendo el mobiliario, los medios de trabajo, consumibles, servicios de telefonía y electricidad, propios del Ministerio de Justicia, siéndolo también, incluso, el correo electrónico que usan estos trabajadores. Además, la Administración de Justicia, ordena al señalado Colegio de cursos de formación a los que estos psicólogos / as debe asistir, así como el contenido e impartición de los mismos. Realizan, por imposición de la Administración de Justicia, un horario de trabajo fijo, acorde con las actividades judiciales de los Juzgados, sin que se pueda modificar o alterar el mismo. Toda la actividad de estos trabajadores / as, desde el inicio de su trabajo se desempeña bajo la coordinación y dirección de la Jefatura de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia.

Los contratos realizados por el Ministerio con este Colegio, es una mera formalidad legal para interponer al referido Colegio en su relación de trabajo, puesto que queda claro que estos Psicólogos / as, en realidad funcionan por cuenta de la Administración de Justicia.

Además, la colaboración del Colegio de Psicólogos es muy provechosa para el referido Colegio, porque ofrece un servicio a sus colegiados a los que le facilitan obtener un puesto de trabajo, en la Administración Pública, saltando los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito, así como el de publicidad, ya que todo queda restringido a las y los afiliados de este Colegio Profesional.

Los Tribunales están determinando que “La Administración de Justicia es la única responsable, la relación laboral que existe con el Ministerio y la labor del colegio no más allá de la mera designación de los psicólogos / as, actuando en promoción y defensa de los intereses de los colegiados, siendo indiferente que las facturas se emiten a su nombre, pues quien sufraga los servicios es la Administración, financiando el costo de la asistencia prestada «.

Grabar que CCOO, en el momento en que se acordó y aprobaron estas plazas de Oficinas de Atención a la Víctima planteamos que dichos puestos de trabajo los desempeñaran el personal laboral fijo del Convenio, la Administración de Justicia aceptó la propuesta, pero nuevamente el Ministerio de Función Pública, bloqueado y rechazado, por lo que la Administración, contra la posición de CCOO y nuestra oposición activa, llegó a un acuerdo con el Colegio de Psicólogos y privatizó el Servicio, sin que dichos trabajadores / as pasen ningún proceso selectivo , ni cumplió con los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y tampoco con el de publicidad, que debe registrarse en cualquier convocatoria de empleo público.

Nuevamente no hemos dirigido al Subdirector de Medios Personales, para exigir que creen las 27 de plazas de Psicólogos como Personal Laboral de la Administración de Justicia de todas las Oficinas de Atención a la Víctima y que sean urgentemente ofertadas en concurso de transferencia, entre los Psicólogos / as de la Administración de Justicia y posteriormente si no se cubren, para promoción interna y la oferta de Empleo Público.

También nos vamos a dirigir al Pleno de la Comisión Paritaria del IV Convenio, ya que el acuerdo de colaboración con el Colegio de Psicólogos, está sirviendo en realidad para controlar las contrataciones que se formalizan fuera de dicho Convenio, cuando existen psicólogos / as en la Administración de Justicia que pueden realizar diversas funciones.

CCOO exige que se cancelen de forma inmediata todos los Acuerdos con el Colegio de Psicólogos tanto el de la Oficina de Atención a la Víctima como el Convenio de Colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la realización de informes periciales para los Institutos de Medicina Legal. Reclamaciones que lleva exigiendo CCOO durante años

La política del Ministerio de Función Pública es absolutamente despreciable porque, por un lado, privatiza un servicio Público, imprescindible para el ciudadano (la atención a la Víctima); otorgándole su competencia a un colegio profesional y hurtando a su vez a los derechos laborales de las y los empleados / as públicos (Personal Laboral) a concursar a esos puestos de trabajo.

Y ahora nos encontramos con una situación de la que solo el Ministerio de Justicia y Función Pública son los responsables, con la consecuencia gravísima para el personal laboral de la Administración de Justicia de esta categoría, psicólogos / as, si no se acepta la propuesta de CCOO de crear 27 plazas de psicólogos / as en la Administración de Justicia y se puede convocar un concurso de traslado inmediato.

El Ministerio de Justicia sabe que esa es la solución, esperemos que no dé la espalda de nuevo a las y los empleados públicos.
 
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