Carta del presidente del Senado de la República Francesa al presidente del TS y del CGPJ

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Carta del presidente del Senado de la República Francesa al presidente del TS y del CGPJ

El presidente del Senado de la República Francesa, Gérard Larcher, ha remitido al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, una carta en respuesta a la que este último le había enviado el pasado 27 de marzo tras la declaración suscrita por 41 miembros de esa cámara en relación con la causa especial 20907/2017 que se sigue en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y otros.

En su misiva, fechada el pasado 9 de abril, Larcher afirma que “no cabe duda alguna” de que en España “el Estado de Derecho y las libertades públicas, los derechos fundamentales e individuales, como la independencia de la Justicia, se respetan plenamente”. El presidente del Senado francés recuerda además que ha expresado públicamente su compromiso con la unidad e integridad de España, así como el respeto a su marco constitucional.

El texto íntegro de la carta es el siguiente:

“Señor presidente:

Le agradezco que me haga partícipe de su incomprensión con respecto al manifiesto firmado por cuarenta y un senadores franceses en relación con Cataluña.

Los senadores que han suscrito el manifiesto han expresado sus convicciones personales y han efectuado ese planteamiento en el ejercicio de sus responsabilidades como representantes a título personal.

Su planteamiento no compromete de ninguna forma al Senado de la República Francesa.

Efectivamente, no cabe duda alguna, como usted recuerda justamente, de que en España, Estado miembro de la Unión Europea desde hace más de treinta años, el Estado de Derecho y las libertades públicas, los derechos fundamentales e individuales, como la independencia de la Justicia, se respetan plenamente.

Por otra parte, he tenido personalmente ocasión, en relación con el comunicado al que usted hace referencia, de recordar esos principios, destacar mi compromiso con la unidad e integridad de España, democracia viva, así como el respeto a su marco constitucional, y manifestar mi plena confianza y apoyo al conjunto de las autoridades españolas. Este apoyo y esta confianza se dirigen también al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial que usted preside.

Deseo fervientemente que el manifiesto publicado no arroje dudas sobre la amistad y la calidad de la cooperación, incluida la judicial, entre nuestros dos países, que tienen para mí un valor incalculable. Francia y España han puesto de manifiesto, en múltiples ocasiones, cómo sus particulares vínculos de afecto, confianza y proximidad han permitido obtener grandes resultados.

Le ruego reciba, señor presidente, el testimonio de mi más alta consideración”
.

En el escrito remitido a Larcher el pasado 27 de marzo, el presidente del TS y del CGPJ señaló, en referencia a la declaración suscrita por 41 senadores franceses, que la afirmación de que determinados representantes políticos de la Generalitat de Cataluña están sufriendo prisión por razón de las opiniones vertidas en el ejercicio del mandato conferido por los electores “es manifiestamente contraria a la verdad y resulta de todo punto inadmisible al señalar la existencia en España, y más concretamente en el Tribunal Supremo, de una situación de represión de representantes políticos por razón de sus opiniones”.

“Conviene recordar a este respecto que en España existen partidos políticos abiertamente independentistas que vienen concurriendo en los distintos procesos electorales desde hace más de cuarenta años con absoluta libertad y normalidad, sin que jamás se haya abierto un proceso penal contra sus dirigentes, militantes o votantes por razón de sus ideas u opiniones políticas, cuya legitimidad está amparada por la propia Constitución Española”, añadía.

El presidente del Poder Judicial recordaba que el alto tribunal únicamente enjuicia “actuaciones atribuidas a los acusados y realizadas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, actos que pudieran ser constitutivos de delito, sin que en ningún caso se estén juzgando sus ideas u opiniones”; afirmaba que le resulta “especialmente doloroso” tener que recordar a miembros de una institución como el Senado francés que en España “se respetan escrupulosamente los postulados del Estado de Derecho” y aseguraba que la declaración ha generado “profundo malestar” en el Tribunal Supremo, al constituir “una descalificación de nuestra actuación como jueces y de la propia democracia española en su conjunto, basándose esa descalificación en unos hechos que no se corresponden con la realidad y que son producto de la propaganda y de la desinformación interesada”.

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