Fuente de la noticia: Poder Judicial
La titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Calatayud, Aida Ramírez, ha tomado declaración a Miguel Ángel V.P. como investigado en el caso abierto por delitos cometidos contra menores residentes en el CAM de Ateca (Zaragoza). La instructora entiende –y así lo expresa en el auto, dictado al término de la declaración del detenido,- “que existen indicios racionales y suficientes de criminalidad para imputarle la posible comisión de un delito de omisión del deber de socorro, lesiones, torturas, contra la integridad moral y agresión sexual a menores de edad, estos últimos en calidad de cooperador necesario”, indicios éstos que, añade la jueza, “deben ser objeto de investigación a lo largo de la instrucción”.
Valora la instructora que, al no apreciarse riesgo de fuga en el investigado, ni posibilidad de actuar contra bienes jurídicos de las víctimas (menores) “ya que está jubilado y no trabaja con menores, ni se ha acreditado una persecución o comunicación con posibles víctimas para disuadirlas en su actuación o influir en ellas; finalmente, tampoco se aprecia riesgo de destrucción de fuentes de prueba” y teniendo en cuenta que el Ministerio Fiscal no ha solicitado la prisión provisional es por lo que la jueza ha dictado auto de libertad provisional sin fianza para Miguel Ángel pero le retira el pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional, le obliga a “comparecer en el juzgado todos los lunes de cada semana, así como cuantas otras veces fuere llamado” (obligación “apud acta”) y también a que fije un domicilio y notifique cualquier cambio del mismo mientras el proceso judicial siga abierto.
Advierte la jueza al investigado en su auto que si incumple las medidas cautelares acordadas su situación personal podría ser objeto de revisión con medidas que impliquen una mayor limitación de su libertad y que, además, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
Ángel V.P. fue detenido ayer por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Móstoles y trasladado a Calatayud para prestar declaración ante la jueza que instruye el caso. Como supervisor formó parte del equipo de dirección del centro desde junio de 2017 hasta junio de 2024. La investigación judicial por delitos cometidos contra menores en el CAM de Ateca dio comienzo tras la denuncias presentada por dos menores residentes del centro, de 16 y 17 años de edad. En la actualidad el número de denuncias presentadas por menores del centro por estos hechos es de 19, presentadas ante la Guardia Civil y que ahora están siendo objeto de investigación en el juzgado.
La titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Calatayud, Aida Ramírez, ha tomado declaración a Miguel Ángel V.P. como investigado en el caso abierto por delitos cometidos contra menores residentes en el CAM de Ateca (Zaragoza). La instructora entiende –y así lo expresa en el auto, dictado al término de la declaración del detenido,- “que existen indicios racionales y suficientes de criminalidad para imputarle la posible comisión de un delito de omisión del deber de socorro, lesiones, torturas, contra la integridad moral y agresión sexual a menores de edad, estos últimos en calidad de cooperador necesario”, indicios éstos que, añade la jueza, “deben ser objeto de investigación a lo largo de la instrucción”.
Valora la instructora que, al no apreciarse riesgo de fuga en el investigado, ni posibilidad de actuar contra bienes jurídicos de las víctimas (menores) “ya que está jubilado y no trabaja con menores, ni se ha acreditado una persecución o comunicación con posibles víctimas para disuadirlas en su actuación o influir en ellas; finalmente, tampoco se aprecia riesgo de destrucción de fuentes de prueba” y teniendo en cuenta que el Ministerio Fiscal no ha solicitado la prisión provisional es por lo que la jueza ha dictado auto de libertad provisional sin fianza para Miguel Ángel pero le retira el pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional, le obliga a “comparecer en el juzgado todos los lunes de cada semana, así como cuantas otras veces fuere llamado” (obligación “apud acta”) y también a que fije un domicilio y notifique cualquier cambio del mismo mientras el proceso judicial siga abierto.
Advierte la jueza al investigado en su auto que si incumple las medidas cautelares acordadas su situación personal podría ser objeto de revisión con medidas que impliquen una mayor limitación de su libertad y que, además, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
Ángel V.P. fue detenido ayer por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Móstoles y trasladado a Calatayud para prestar declaración ante la jueza que instruye el caso. Como supervisor formó parte del equipo de dirección del centro desde junio de 2017 hasta junio de 2024. La investigación judicial por delitos cometidos contra menores en el CAM de Ateca dio comienzo tras la denuncias presentada por dos menores residentes del centro, de 16 y 17 años de edad. En la actualidad el número de denuncias presentadas por menores del centro por estos hechos es de 19, presentadas ante la Guardia Civil y que ahora están siendo objeto de investigación en el juzgado.