Fuente de la noticia: Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid se va a personar como acusación popular por la muerte violenta de una mujer de 33 años, golpeada por el vehículo conducido presuntamente por su expareja quien, posteriormente, fue detenido. Ocurrió el pasado mes de septiembre en el municipio de Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas.
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha conocido la encomienda de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales. Estas se desarrollarán en nombre de la Administración regional en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Madrid.
La acción popular se ejerce en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital. Esta personación es una de las medidas previstas en la ley autonómica sobre este tipo de violencia, que extiende su protección a los hijos y personas dependientes. Desde 2016 la Comunidad de Madrid ha aplicado esta facultad en 71 causas penales.
La Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales asiste anualmente a alrededor de 20.000 víctimas a través de la Red de atención integral existente en la región. Además, cada año facilita plazas residenciales a unas 500 mujeres aproximadamente.
La Comunidad de Madrid se va a personar como acusación popular por la muerte violenta de una mujer de 33 años, golpeada por el vehículo conducido presuntamente por su expareja quien, posteriormente, fue detenido. Ocurrió el pasado mes de septiembre en el municipio de Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas.
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha conocido la encomienda de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales. Estas se desarrollarán en nombre de la Administración regional en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Madrid.
La acción popular se ejerce en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital. Esta personación es una de las medidas previstas en la ley autonómica sobre este tipo de violencia, que extiende su protección a los hijos y personas dependientes. Desde 2016 la Comunidad de Madrid ha aplicado esta facultad en 71 causas penales.
La Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales asiste anualmente a alrededor de 20.000 víctimas a través de la Red de atención integral existente en la región. Además, cada año facilita plazas residenciales a unas 500 mujeres aproximadamente.