La Comunidad de Madrid aumentó el año pasado un 9,8% las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, hasta alcanzar 117.959. Así lo ha destacado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la presentación de la memoria anual de este servicio público en la sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas de la capital.
García Martín ha resaltado “el esfuerzo del Ejecutivo autonómico para asegurar el efectivo cumplimiento de este compromiso constitucional”. En ese sentido, ha agradecido “a todos y cada uno de los letrados y procuradores que llevan a cabo el turno de oficio, por hacer real y efectivo a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos su derecho a una defensa jurídica y a la representación procesal los 365 días del año”.
El Gobierno regional ha incrementado un 9,2% la inversión en 2024 para garantizar este derecho recogido en la Constitución Española hasta los 56,3 millones de euros. Incluye la subida de todos los módulos de abogados un 4% y la creación de cuatro nuevos baremos por actuaciones profesionales no contempladas en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita: recurso de apelación contra auto de prisión, escrito de reconvención, orden de alejamiento y doble condición acusación/defensa.
Los expedientes registrados más numerosos estaban relacionados con el orden Penal (60,15%), seguido de Civil (24,23%), Contencioso Administrativo (8,51%) y Social (7,1%). La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita recibió a través del servicio público 012 un total de 8.428 llamadas y 152 consultas de manera presencial en las diferentes oficinas de Atención al Ciudadano.
Falta de personal en Justicia:
García Martín ha reiterado la necesidad de contar con más funcionarios para que la Justicia sea ágil y eficaz. “El año pasado pedimos al Ministerio 470 plazas y nos asignó únicamente 174, que no cubrían ni la tasa de reposición de efectivos”, ha lamentado, para añadir que este año se ha solicitado 629, con el temor de que ocurra lo mismo.
Con un millón y medio de habitantes menos que los territorios gestionados directamente por el Ministerio, la Comunidad de Madrid destina al servicio de asistencia jurídica gratuita 3 millones de euros más. “Mientras que el Ejecutivo central invierte 6,39 euros por habitante, nosotros subimos hasta 8,18”, ha constatado García Martín.
García Martín ha resaltado “el esfuerzo del Ejecutivo autonómico para asegurar el efectivo cumplimiento de este compromiso constitucional”. En ese sentido, ha agradecido “a todos y cada uno de los letrados y procuradores que llevan a cabo el turno de oficio, por hacer real y efectivo a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos su derecho a una defensa jurídica y a la representación procesal los 365 días del año”.
El Gobierno regional ha incrementado un 9,2% la inversión en 2024 para garantizar este derecho recogido en la Constitución Española hasta los 56,3 millones de euros. Incluye la subida de todos los módulos de abogados un 4% y la creación de cuatro nuevos baremos por actuaciones profesionales no contempladas en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita: recurso de apelación contra auto de prisión, escrito de reconvención, orden de alejamiento y doble condición acusación/defensa.
Los expedientes registrados más numerosos estaban relacionados con el orden Penal (60,15%), seguido de Civil (24,23%), Contencioso Administrativo (8,51%) y Social (7,1%). La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita recibió a través del servicio público 012 un total de 8.428 llamadas y 152 consultas de manera presencial en las diferentes oficinas de Atención al Ciudadano.
Falta de personal en Justicia:
García Martín ha reiterado la necesidad de contar con más funcionarios para que la Justicia sea ágil y eficaz. “El año pasado pedimos al Ministerio 470 plazas y nos asignó únicamente 174, que no cubrían ni la tasa de reposición de efectivos”, ha lamentado, para añadir que este año se ha solicitado 629, con el temor de que ocurra lo mismo.
Con un millón y medio de habitantes menos que los territorios gestionados directamente por el Ministerio, la Comunidad de Madrid destina al servicio de asistencia jurídica gratuita 3 millones de euros más. “Mientras que el Ejecutivo central invierte 6,39 euros por habitante, nosotros subimos hasta 8,18”, ha constatado García Martín.
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