Fuente de la noticia: Administración al día (INAP)
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para fijar los Objetivos de Estabilidad para el periodo 2025-2027. Se trata de un plan vinculado a las nuevas reglas fiscales europeas, con objetivos ambiciosos para impulsar el crecimiento y a la vez cumplir con la estabilidad presupuestaria.
Lo aprobado recoge que se concedan dos décimas más de margen fiscal a las Comunidades Autónomas en los años 2025 y 2026 con respecto a los objetivos vigentes. Esto supone más de 3.000 millones de margen cada año. Para las Entidades Locales, esta senda les concede una décima más en 2025 y dos décimas más en 2026. Lo que se traduce en 1.600 millones en el primer año y 3.350 millones más de margen el segundo año.
Esta senda con mayores facilidades para los territorios está motivada por el “compromiso con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos”, como ha destacado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por ese motivo, es la misma que la aprobada el pasado mes de julio, y que fue rechazada por las Cortes Generales. El Gobierno, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, vuelve a remitirla a Congreso y Senado para buscar su aprobación de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2025.
Esto permitirá a las CCAA disponer de 6.600 millones extra y a EELL de 4.950 millones adicionales. Cifras que suman esos 11.550 millones de euros que permitirán dar una mejor respuesta a las demandas sociales de los ciudadanos en los servicios que tienen derecho a disfrutar. “Queremos que comunidades y ayuntamientos tengan unos objetivos de déficit menos exigentes que la senda vigente para que puedan destinar más recursos a la sanidad, la educación o la dependencia”, ha reiterado la vicepresidenta Montero.
Con este planteamiento, tanto las Comunidades Autónomas como las Entidades Locales tendrán un margen notable en recursos para reforzar la prestación de los servicios públicos a la vez que se facilita que cumplan sus objetivos de déficit. Es decir, se propone un diseño que excluye los recortes de la política económica que impulsa el Gobierno y permite a la vez cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria.
Una senda de estabilidad ambiciosa:
En el Acuerdo aprobado hoy se establecen grandes diferencias entre los objetivos de la senda en vigor y la que ahora se plantea. La misma está alineada con las directrices de las nuevas reglas fiscales. Y que, además, recoge que será la Administración Central la que deberá hacer el mayor esfuerzo para lograr los objetivos de déficit planteado en la misma.
Para 2025, el conjunto de las Administraciones tendrá un objetivo de déficit del 2,5%. En 2026, se situará en el 2,1%. En 2027, deberá bajar al 1,8%.
La Administración Central asumirá ese mayor esfuerzo fiscal. Para 2025, su objetivo será del 2,2%, seis décimas menos que en la senda actual. En 2026, se reducirá al 1,8%. Y en 2027, el déficit tendrá que llegar al 1,5%. El objetivo es dar más margen a los territorios.
En el caso de las comunidades autónomas, el objetivo será del -0,1% del PIB en el trienio de la senda. Se recalca así esa apuesta por darles las mayores facilidades, al contar con un margen más amplio para que elaboren sus cuentas y poder ofrecer servicios públicos de calidad.
La Administración Local también contará con mayor margen fiscal. La Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) aprobó que sus objetivos contemplen equilibrio presupuestario durante los tres próximos años. La senda anterior exigía superávit a los ayuntamientos.
Por último, la Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios. Atrás dejará el 0,1% que debía alcanzar en 2026 y el equilibrio presupuestario en 2027.
Techo de gasto:
En el Acuerdo se incluye el techo de gasto para 2025, que es el que ya aprobó el Gobierno e informó del mismo al Parlamento, tal y como exige la ley. El límite de gasto no financiero ‘nacional’, sin incluir los fondos europeos, se elevará hasta los 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024. Una cifra coherente con la responsabilidad fiscal, pero que a la vez facilita seguir “reforzando los servicios públicos”, como ha destacado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El límite de gasto no financiero total, que sí incluye los fondos europeos, se sitúa en 199.171 millones de euros. Una cifra que responde al descenso de las transferencias directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Lo que no afecta a la ejecución de fondos europeos, que sigue a pleno rendimiento. “Hasta finales de agosto se han autorizado más de 16.000 millones de euros, lo que supone casi la mitad (44,3%) de lo presupuestado”, ha explicado la ministra de Hacienda.
Todas estas cifras serán la base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Estos PGE incluirán un incremento de las partidas destinadas para los servicios públicos que se combinarán con la estabilidad presupuestaria.
Se mantiene así la política de cumplir los compromisos asumidos con la Comisión Europea e incrementar los recursos en sanidad, educación o el empleo de los ciudadanos. A lo que se suma la reducción del déficit público, que ha bajado en más de 60.000 millones de euros, pasando del 10,1% del PIB en 2020 al 3,6% en 2023.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para fijar los Objetivos de Estabilidad para el periodo 2025-2027. Se trata de un plan vinculado a las nuevas reglas fiscales europeas, con objetivos ambiciosos para impulsar el crecimiento y a la vez cumplir con la estabilidad presupuestaria.
Lo aprobado recoge que se concedan dos décimas más de margen fiscal a las Comunidades Autónomas en los años 2025 y 2026 con respecto a los objetivos vigentes. Esto supone más de 3.000 millones de margen cada año. Para las Entidades Locales, esta senda les concede una décima más en 2025 y dos décimas más en 2026. Lo que se traduce en 1.600 millones en el primer año y 3.350 millones más de margen el segundo año.
Esta senda con mayores facilidades para los territorios está motivada por el “compromiso con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos”, como ha destacado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por ese motivo, es la misma que la aprobada el pasado mes de julio, y que fue rechazada por las Cortes Generales. El Gobierno, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, vuelve a remitirla a Congreso y Senado para buscar su aprobación de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2025.
Esto permitirá a las CCAA disponer de 6.600 millones extra y a EELL de 4.950 millones adicionales. Cifras que suman esos 11.550 millones de euros que permitirán dar una mejor respuesta a las demandas sociales de los ciudadanos en los servicios que tienen derecho a disfrutar. “Queremos que comunidades y ayuntamientos tengan unos objetivos de déficit menos exigentes que la senda vigente para que puedan destinar más recursos a la sanidad, la educación o la dependencia”, ha reiterado la vicepresidenta Montero.
Con este planteamiento, tanto las Comunidades Autónomas como las Entidades Locales tendrán un margen notable en recursos para reforzar la prestación de los servicios públicos a la vez que se facilita que cumplan sus objetivos de déficit. Es decir, se propone un diseño que excluye los recortes de la política económica que impulsa el Gobierno y permite a la vez cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria.
Una senda de estabilidad ambiciosa:
En el Acuerdo aprobado hoy se establecen grandes diferencias entre los objetivos de la senda en vigor y la que ahora se plantea. La misma está alineada con las directrices de las nuevas reglas fiscales. Y que, además, recoge que será la Administración Central la que deberá hacer el mayor esfuerzo para lograr los objetivos de déficit planteado en la misma.
Para 2025, el conjunto de las Administraciones tendrá un objetivo de déficit del 2,5%. En 2026, se situará en el 2,1%. En 2027, deberá bajar al 1,8%.
La Administración Central asumirá ese mayor esfuerzo fiscal. Para 2025, su objetivo será del 2,2%, seis décimas menos que en la senda actual. En 2026, se reducirá al 1,8%. Y en 2027, el déficit tendrá que llegar al 1,5%. El objetivo es dar más margen a los territorios.
En el caso de las comunidades autónomas, el objetivo será del -0,1% del PIB en el trienio de la senda. Se recalca así esa apuesta por darles las mayores facilidades, al contar con un margen más amplio para que elaboren sus cuentas y poder ofrecer servicios públicos de calidad.
La Administración Local también contará con mayor margen fiscal. La Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) aprobó que sus objetivos contemplen equilibrio presupuestario durante los tres próximos años. La senda anterior exigía superávit a los ayuntamientos.
Por último, la Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios. Atrás dejará el 0,1% que debía alcanzar en 2026 y el equilibrio presupuestario en 2027.
Techo de gasto:
En el Acuerdo se incluye el techo de gasto para 2025, que es el que ya aprobó el Gobierno e informó del mismo al Parlamento, tal y como exige la ley. El límite de gasto no financiero ‘nacional’, sin incluir los fondos europeos, se elevará hasta los 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024. Una cifra coherente con la responsabilidad fiscal, pero que a la vez facilita seguir “reforzando los servicios públicos”, como ha destacado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El límite de gasto no financiero total, que sí incluye los fondos europeos, se sitúa en 199.171 millones de euros. Una cifra que responde al descenso de las transferencias directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Lo que no afecta a la ejecución de fondos europeos, que sigue a pleno rendimiento. “Hasta finales de agosto se han autorizado más de 16.000 millones de euros, lo que supone casi la mitad (44,3%) de lo presupuestado”, ha explicado la ministra de Hacienda.
Todas estas cifras serán la base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Estos PGE incluirán un incremento de las partidas destinadas para los servicios públicos que se combinarán con la estabilidad presupuestaria.
Se mantiene así la política de cumplir los compromisos asumidos con la Comisión Europea e incrementar los recursos en sanidad, educación o el empleo de los ciudadanos. A lo que se suma la reducción del déficit público, que ha bajado en más de 60.000 millones de euros, pasando del 10,1% del PIB en 2020 al 3,6% en 2023.
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