Fuente de la noticia: Poder Judicial
El titular del Juzgado Central de Instrucción Uno de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha propuesto juzgar a Ana K.U., viuda del directivo de PDVSA fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera y al socio de este, Carlos A.P., por aflorar en España y ocultar a la Hacienda Pública fondos procedentes de la empresa pública de petróleo venezolana PDVSA. En concreto, el juez les imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito de falsedad documental y un delito de blanqueo de capitales.
Respecto al fallecido, Juan Carlos Márquez Cabrera, el magistrado incluye la petición del Ministerio Fiscal de decomiso autónomo contra los hijos del fallecido y que se resolverá cuando se dicte sentencia firme sobre los hechos.
En esta pieza separada del ‘caso Morodo’ el juez ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado en el que explica que existen indicios de que desde 2007 a 2015 el investigado Carlos A.P. junto con el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera (secretario de Entes corporativos de PDVSA) centró su actividad profesional en la prestación de servicios de asesoramiento legal e intermediación a PDVSA por los que ingresó en 2014 y 2015 la cantidad de 22.660.195 euros.
El instructor detalla las sociedades instrumentales utilizadas por el investigado para defraudar a la Hacienda española, carentes de medios personales y materiales, así como de actividad comercial para facturar servicios. Eludía de esta forma sus responsabilidades con el fisco español y las sociedades se nutrían con fondos que procedían exclusivamente de PDVSA y que se transferían al investigado. Añade que en 2013 Carlos A.P. suscribió un acuerdo con el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera por el cual éste recibiría el 50% de los ingresos obtenidos por el investigado.
Durante los años 2014 y 2015 Carlos A.P., según el auto, junto con las rentas percibidas de PDVSA obtuvo unas ganancias no justificadas de 246.849 euros que también ocultó a la Hacienda Pública española.
El auto también explica la participación junto a Carlos A.P. de la viuda de Márquez Cabrera en transferencias a cuentas en el extranjero de fondos de origen ilícito, procedentes de dádivas recibidas en 2012 por facilitar un negocio cambiario ilícito en PDVSA. Para dar apariencia de legalidad a esos fondos y aflorarlos posteriormente se sirvieron de un complejo entramado societario y financiero en San Vicente, Las Granadinas, Suiza y Panamá.
El juez señala a una serie de directivos de PDVSA, además del alto cargo fallecido, investigados y en algunos casos condenados en EEUU por recibir dádivas de empresarios involucrados en un ilícito negocio cambiario de divisas con PDVSA.
Para aflorar en España los fondos recibidos entre los años 2013 y 2019 los investigados otorgaron contratos simulados de préstamos en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias y realizaron otras inversiones.
El juez indica cómo una parte de los fondos recibidos -2.165.276 USD- transitaron por distintas cuentas abiertas en Suiza a nombre de personas interpuestas hasta que se transferían “a una cuenta en Suiza abierta a nombre de la fundación panameña Ayacucho, cuyo beneficiario era el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera y, en su defecto, sus hijos”.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Uno de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha propuesto juzgar a Ana K.U., viuda del directivo de PDVSA fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera y al socio de este, Carlos A.P., por aflorar en España y ocultar a la Hacienda Pública fondos procedentes de la empresa pública de petróleo venezolana PDVSA. En concreto, el juez les imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito de falsedad documental y un delito de blanqueo de capitales.
Respecto al fallecido, Juan Carlos Márquez Cabrera, el magistrado incluye la petición del Ministerio Fiscal de decomiso autónomo contra los hijos del fallecido y que se resolverá cuando se dicte sentencia firme sobre los hechos.
En esta pieza separada del ‘caso Morodo’ el juez ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado en el que explica que existen indicios de que desde 2007 a 2015 el investigado Carlos A.P. junto con el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera (secretario de Entes corporativos de PDVSA) centró su actividad profesional en la prestación de servicios de asesoramiento legal e intermediación a PDVSA por los que ingresó en 2014 y 2015 la cantidad de 22.660.195 euros.
El instructor detalla las sociedades instrumentales utilizadas por el investigado para defraudar a la Hacienda española, carentes de medios personales y materiales, así como de actividad comercial para facturar servicios. Eludía de esta forma sus responsabilidades con el fisco español y las sociedades se nutrían con fondos que procedían exclusivamente de PDVSA y que se transferían al investigado. Añade que en 2013 Carlos A.P. suscribió un acuerdo con el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera por el cual éste recibiría el 50% de los ingresos obtenidos por el investigado.
Durante los años 2014 y 2015 Carlos A.P., según el auto, junto con las rentas percibidas de PDVSA obtuvo unas ganancias no justificadas de 246.849 euros que también ocultó a la Hacienda Pública española.
El auto también explica la participación junto a Carlos A.P. de la viuda de Márquez Cabrera en transferencias a cuentas en el extranjero de fondos de origen ilícito, procedentes de dádivas recibidas en 2012 por facilitar un negocio cambiario ilícito en PDVSA. Para dar apariencia de legalidad a esos fondos y aflorarlos posteriormente se sirvieron de un complejo entramado societario y financiero en San Vicente, Las Granadinas, Suiza y Panamá.
El juez señala a una serie de directivos de PDVSA, además del alto cargo fallecido, investigados y en algunos casos condenados en EEUU por recibir dádivas de empresarios involucrados en un ilícito negocio cambiario de divisas con PDVSA.
Para aflorar en España los fondos recibidos entre los años 2013 y 2019 los investigados otorgaron contratos simulados de préstamos en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias y realizaron otras inversiones.
El juez indica cómo una parte de los fondos recibidos -2.165.276 USD- transitaron por distintas cuentas abiertas en Suiza a nombre de personas interpuestas hasta que se transferían “a una cuenta en Suiza abierta a nombre de la fundación panameña Ayacucho, cuyo beneficiario era el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera y, en su defecto, sus hijos”.