Fuente de la noticia: Administración al día (INAP)
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado 292 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 97 recursos durante el primer semestre de este año.
El presidente del órgano consultivo superior de la Comunidad, Agustín de Vega, ha subrayado el papel "indispensable" que desarrolla la institución como garantía de legalidad y defensa de los derechos de los castellanoleoneses.
De Vega también ha recordado que esta institución integra dos órganos con funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública.
Asimismo, el máximo responsable del Consejo Consultivo ha destacado que el control y la garantía de la legalidad presiden el trabajo del órgano, labor que se desarrolla con "independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional, conforme a un procedimiento reglado". Durante el primer semestre de este año, León, Valladolid, Salamanca y Burgos son las provincias de las que proceden más solicitudes de dictamen.
En cuanto a las materias dictaminadas, la mayoría, concretamente 220, corresponden a asuntos de responsabilidad patrimonial. Por materias, el mayor número de dictámenes (108) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación).
A continuación se sitúan las reclamaciones de responsabilidad patrimonial relacionadas con el ámbito sanitario, con infraestructuras y con perjuicios ocasionados en la actividad económica, fundamentalmente en el ámbito de la hostelería por las consecuencias de la pandemia.
Del total de dictámenes, 189 proceden de consultas de las administraciones locales, 97 de la administración autonómica y seis de las universidades públicas.
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, durante el primer semestre del año, la mayor parte de los recursos presentados fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación.
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado 292 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 97 recursos durante el primer semestre de este año.
El presidente del órgano consultivo superior de la Comunidad, Agustín de Vega, ha subrayado el papel "indispensable" que desarrolla la institución como garantía de legalidad y defensa de los derechos de los castellanoleoneses.
De Vega también ha recordado que esta institución integra dos órganos con funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública.
Asimismo, el máximo responsable del Consejo Consultivo ha destacado que el control y la garantía de la legalidad presiden el trabajo del órgano, labor que se desarrolla con "independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional, conforme a un procedimiento reglado". Durante el primer semestre de este año, León, Valladolid, Salamanca y Burgos son las provincias de las que proceden más solicitudes de dictamen.
En cuanto a las materias dictaminadas, la mayoría, concretamente 220, corresponden a asuntos de responsabilidad patrimonial. Por materias, el mayor número de dictámenes (108) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación).
A continuación se sitúan las reclamaciones de responsabilidad patrimonial relacionadas con el ámbito sanitario, con infraestructuras y con perjuicios ocasionados en la actividad económica, fundamentalmente en el ámbito de la hostelería por las consecuencias de la pandemia.
Del total de dictámenes, 189 proceden de consultas de las administraciones locales, 97 de la administración autonómica y seis de las universidades públicas.
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, durante el primer semestre del año, la mayor parte de los recursos presentados fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación.