En este artículo, publicado de forma anticipada en la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), los autores realizan una revisión crítica del estado de la cuestión en materia de transparencia, buena administración y buen gobierno con ocasión del décimo aniversario de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Jesús A. Tahirí Moreno y Lucía Cofrades Aquilué son contratados predoctorales en el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza
RESUMEN
Objetivos: realizar una revisión crítica del estado de la cuestión en materia de transparencia, buena administración y buen gobierno con ocasión del décimo aniversario de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Metodología:: con la finalidad de construir un estudio sistemático y completo del tema tratado, la investigación se lleva a cabo mediante un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de los elementos que afectan a dos pilares clave de las políticas públicas de gobierno abierto: la transparencia y la colaboración (concepto este último que comprende la integridad y la rendición de cuentas o accountability). Además, se analiza el impacto del principio de buena administración en el procedimiento administrativo a la luz de la jurisprudencia más reciente. El método empleado es el comparativo, tomándose como muestra la normativa estatal y la extremeña.
Resultados:: la investigación constata diversos déficits y excesos que convendría tener presentes en futuras reformas legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico.
Conclusiones:: se considera necesario realizar una modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre con la finalidad de integrar la jurisprudencia de la Sala Tercera y depurar defectos de técnica normativa. Asimismo, se concluye que sería adecuado regular un régimen de acceso especial a la información pública aplicable a aquellos sujetos que juegan un papel determinante en la formación de la opinión pública. A nivel autonómico, como conclusión principal, se recomienda llevar a cabo una refundición de la legislación en materia de transparencia y buen gobierno. Por lo que respecta a la buena administración, sería conveniente –siguiendo la CDFUE, la normativa autonómica y la jurisprudencia del Tribunal Supremo– que el legislador estatal reconociera expresamente el derecho a una buena administración. Finalmente, se critica la técnica empleada para regular los principios de buen gobierno y los códigos de conducta, así como la inexistencia de evaluaciones objetivas y obligatorias que permitan conocer su grado de cumplimiento.
ABSTRACT:
REGULATORY DEFICITS AND EXCESSES IN THE FIELD OF TRANSPARENCY, GOOD ADMINISTRATION AND GOOD GOVERNMENT: AN ANALYSIS OF THE SUBJECT BASED ON STATE AND EXTREMADURAN LEGISLATION:
Objectives:: To carry out a critical review of the state of the art of transparency, good administration and good government on the occasion of the tenth anniversary of the approval of the Spanish Law on Transparency and Good Government.
Methodology:: In order to build a systematic and comprehensive study of the subject, the research is guided by a legal, doctrinal and jurisprudential analysis of the elements that affect two key pillars of open government policies: transparency and collaboration (the latter concept includes integrity and accountability). It also analyses the impact of the principle of good administration in the administrative process in the light of recent case law. The method used is comparative, taking as a sample the regulations of the State and those of Extremadura.
Results:: The research reveals several shortcomings and excesses that should be taken into account in future legislative reforms, both at the level of the State and of the Autonomous Communities.
Conclusions:: It is considered necessary to amend Law 19/2013, of 9 December 2013, in order to integrate the jurisprudence of the Spanish Supreme Court and to correct the shortcomings of the regulatory technique. Likewise, it is concluded that it would be appropriate to regulate a special regime of access to public information applicable to those subjects that play a decisive role in the formation of public opinion. At the regional level, the main conclusion is that a recast of the legislation on transparency and good governance is recommended. With regard to good administration, it would be advisable for the State legislator to expressly recognise the right to good administration, in line with the CDFUE, the regional regulations and the jurisprudence of the Spanish Supreme Court. Finally, the technique used to regulate the principles of good governance and the codes of conduct is criticised, as is the lack of objective and binding evaluations to determine the degree of compliance.
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Más información sobre la REALA
Fuente de la noticia: Administración al día (INAP)
Jesús A. Tahirí Moreno y Lucía Cofrades Aquilué son contratados predoctorales en el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza
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Objetivos: realizar una revisión crítica del estado de la cuestión en materia de transparencia, buena administración y buen gobierno con ocasión del décimo aniversario de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Metodología:: con la finalidad de construir un estudio sistemático y completo del tema tratado, la investigación se lleva a cabo mediante un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de los elementos que afectan a dos pilares clave de las políticas públicas de gobierno abierto: la transparencia y la colaboración (concepto este último que comprende la integridad y la rendición de cuentas o accountability). Además, se analiza el impacto del principio de buena administración en el procedimiento administrativo a la luz de la jurisprudencia más reciente. El método empleado es el comparativo, tomándose como muestra la normativa estatal y la extremeña.
Resultados:: la investigación constata diversos déficits y excesos que convendría tener presentes en futuras reformas legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico.
Conclusiones:: se considera necesario realizar una modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre con la finalidad de integrar la jurisprudencia de la Sala Tercera y depurar defectos de técnica normativa. Asimismo, se concluye que sería adecuado regular un régimen de acceso especial a la información pública aplicable a aquellos sujetos que juegan un papel determinante en la formación de la opinión pública. A nivel autonómico, como conclusión principal, se recomienda llevar a cabo una refundición de la legislación en materia de transparencia y buen gobierno. Por lo que respecta a la buena administración, sería conveniente –siguiendo la CDFUE, la normativa autonómica y la jurisprudencia del Tribunal Supremo– que el legislador estatal reconociera expresamente el derecho a una buena administración. Finalmente, se critica la técnica empleada para regular los principios de buen gobierno y los códigos de conducta, así como la inexistencia de evaluaciones objetivas y obligatorias que permitan conocer su grado de cumplimiento.
ABSTRACT:
REGULATORY DEFICITS AND EXCESSES IN THE FIELD OF TRANSPARENCY, GOOD ADMINISTRATION AND GOOD GOVERNMENT: AN ANALYSIS OF THE SUBJECT BASED ON STATE AND EXTREMADURAN LEGISLATION:
Objectives:: To carry out a critical review of the state of the art of transparency, good administration and good government on the occasion of the tenth anniversary of the approval of the Spanish Law on Transparency and Good Government.
Methodology:: In order to build a systematic and comprehensive study of the subject, the research is guided by a legal, doctrinal and jurisprudential analysis of the elements that affect two key pillars of open government policies: transparency and collaboration (the latter concept includes integrity and accountability). It also analyses the impact of the principle of good administration in the administrative process in the light of recent case law. The method used is comparative, taking as a sample the regulations of the State and those of Extremadura.
Results:: The research reveals several shortcomings and excesses that should be taken into account in future legislative reforms, both at the level of the State and of the Autonomous Communities.
Conclusions:: It is considered necessary to amend Law 19/2013, of 9 December 2013, in order to integrate the jurisprudence of the Spanish Supreme Court and to correct the shortcomings of the regulatory technique. Likewise, it is concluded that it would be appropriate to regulate a special regime of access to public information applicable to those subjects that play a decisive role in the formation of public opinion. At the regional level, the main conclusion is that a recast of the legislation on transparency and good governance is recommended. With regard to good administration, it would be advisable for the State legislator to expressly recognise the right to good administration, in line with the CDFUE, the regional regulations and the jurisprudence of the Spanish Supreme Court. Finally, the technique used to regulate the principles of good governance and the codes of conduct is criticised, as is the lack of objective and binding evaluations to determine the degree of compliance.
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